Reportaje:

Un 'okupa' en su propio hogar

Un vecino de Benidorm pide ayuda al Rey para recuperar su antigua casa tras ser desahuciado por el Ayuntamiento

El alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, ejecutó el lunes la orden de desahucio de la vivienda en la que hasta entonces residía un ex militante del PSPV-PSOE en la localidad, Pedro Narciso García, culminando un proceso que según la víctima está plagado de irregularidades. García, agente inmobiliario, inició ayer en la Plaza Triangular, una de las más frecuentadas por los turistas, una huelga de hambre que pretende prolongar hasta que se le devuelva el inmueble.

El piso tiene ahora titularidad municipal. Le fue embargado a García por una deuda de 3.500 euros, pero nadie se presentó a la subasta al figurar registrada en SUMA, el órgano tributario de la Diputación de Alicante, una hipoteca que ya había sido cancelada, según el afectado. Fue entonces cuando un juzgado adjudicó al Consistorio la vivienda. "SUMA nada dijo de esa circunstancia. Por eso nadie pujó por ella y quedó desierta en primera subasta. El Ayuntamiento se la quedó por 3.496 euros, la mitad de la deuda", explica el afectado, que en esos momentos estaba en tratamiento psiquiátrico y no fue consciente de la situación hasta su salida del hospital.

En febrero de 1998 el entonces alcalde, Vicente Pérez Devesa, dictó el primer decreto de desalojo, aunque el estado mental del afectado dilató el proceso. García intentó desde entonces negociar el pago de las deudas contraídas con el Ayuntamiento por el mantenimiento del piso a cambio de obtener de nuevo la titularidad. Los intentos de alcanzar un acuerdo han sido infructuosos con el relevo en la alcaldía de Manuel Pérez Fenoll, que según García le ha hecho promesas incumplidas.

El gobierno local retomó el asunto el verano pasado con la finalidad de tomar posesión de la vivienda, momento en el García solicitó un recurso especial al entender "nulo de pleno derecho" todo el procedimiento. También solicitó la suspensión del decreto de alcaldía que autorizaba la entrada en la casa. Desde entonces las amenazas de desalojo han sido constantes, la última en junio. García ha pedido amparo al Rey y al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que han emitido sendas misivas al Consistorio interesándose por el asunto. Múgica ha admitido a trámite la queja.

El lunes, varios operarios municipales cambiaron la cerradura del domicilio de García, que guardaba sus pertenencias y medicinas. El gobierno local entiende que la vivienda forma parte de su patrimonio y alega que ha estado pagando los gastos de comunidad todo este tiempo.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS