"Hay que buscar rentabilidad social a la ilegalidad"

El ex portavoz ecologista Javier de Luis (La Bañeza, León, 1964) se prepara para lidiar con el espinoso urbanismo de Marbella desde su nuevo cargo de asesor técnico hasta las próximas elecciones municipales. Este entusiasta veterano líder social y político atípico fundó la primera asociación ecologista de Marbella en 1990, fue candidato a la alcaldía por Los Verdes en 1999 y, finalmente, por Alternativa Ecologista en los comicios de 2003.

Pregunta. ¿Cuál será su principal aportación al controvertido urbanismo marbellí?

Respuesta. La idea que tengo es continuar con el proceso de control del urbanismo ilegal de Marbella. A esas ilegalidades hay que buscarle la rentabilidad social para que la ciudad recupere equipamientos perdidos.

P. ¿Será beneficioso o perjudicial para Marbella el fantasma de las demoliciones?

R. La potestad de la demolición siempre es del juez y, si éste entiende que el daño del derribo es mayor que el beneficio que aporta, podemos buscar esas fórmulas para intentar llegar a un convenio con el constructor y que no se consolide el daño. Pero si el juez dice que hay que tirarla, no puede ser de otra manera.

P. ¿Cree que se incluirán entre estos derribos algunos símbolos del urbanismo desmedido?

R. Creo que nos equivocamos al valorar el impacto del urbanismo salvaje, porque ha habido daños terribles sin apenas ruido mediático. La promotora El Cantizal levantó 800 viviendas en Las Chapas que han producido un impacto brutal, y en otras zonas de San Pedro Alcántara las promociones se multiplican sin equipamientos.

P. ¿Cómo surgió la oposición al urbanismo urdido por Juan Antonio Roca?

R. Jesús Gil ya planteaba en el avance del Plan General de 1993 una revisión para declarar urbanizable hasta el 60% del término municipal. Más tarde, a partir de 1996, creamos la plataforma contra la revisión del Plan General y comenzamos a presentar denuncias que redactaba el escritor Félix Bayón desde su propio ordenador.

P. ¿Cómo ha vivido el derrumbe de la Corporación?

R. Ecologistas en Acción pidió una actuación judicial más contundente ya en 2005. La sustitución del equipo de gobierno era un proceso irreversible que ha ocurrido de todos modos, aunque más tarde, gracias a las inhabilitaciones de los concejales por delitos urbanísticos.

P. ¿Percibe algún cambio en el sector de la construcción desde la Operación Malaya?

R. Los constructores honrados son los primeros que deben señalar con el dedo, porque están en tela de juicio y deben separarse de esa forma de construir que tanto les perjudica. Cuando se consolide la operación policial, la obligación y el respeto por la ley será mayor, y todos olvidarán ese mecanismo perverso de pagar sin recibo.