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Una juez condena a prisión a un médico y dos comadronas por imprudencia en un parto

El bebé sufrió una parálisis cerebral por falta de oxígeno debido al "retardo en la cesárea"

Iván tiene seis años, pero jamás ha dicho una palabra, ni ha dado un paso. Desde que nació, yace postrado, inmóvil, ciego, sordo, mudo. Una negligencia médica le causó una parálisis cerebral permanente e irreversible que, además, le provoca un deterioro físico lento pero progresivo.

Su discapacidad total, tanto física como psíquica, se debe a que pasó demasiado tiempo dentro del vientre de su madre, Nuria Jiménez. Ella se puso de parto el 22 de mayo de 2000 y a las siete de la mañana ingresó en la clínica La Milagrosa, centro sanitario privado de Madrid con una capacidad de 182 camas. Cuando la controlaron mediante monitor, el gráfico registraba un sufrimiento fetal intrauterino que requería una cesárea inmediata. Pero el médico y dos comadronas de La Milagrosa no realizaron la cesárea hasta las diez de la mañana, según considera probado la juez sustituta del juzgado de lo penal número 14 de Madrid, Ana María Pérez Marugán.

Tres valiosas horas desaprovechadas con fatales consecuencias. "El sufrimiento fetal intrauterino, asociado al retardo de la cesárea urgente" provocó una encefalopatía al pequeño por la falta de oxígeno. Y ello le causó una parálisis cerebral, según consta en la sentencia. A la vista de ello, la juez, en su sentencia del pasado 7 de julio, condena al médico, José Miguel Oettel, y a las dos comadronas, Inés Gonzalo y Pilar Carrascal, "como autores criminalmente responsables de un delito de lesiones por imprudencia profesional grave [...], a un año de prisión para cada uno de ellos y un año de inhabilitación especial[...]" para el ejercicio de sus profesiones. El fallo judicial incluye el pago de una indemnización de 957.331,66 euros para los padres del bebé, que han asumido grandes deudas para sufragar los elevados gastos para darle a su hijo discapacitado los mejores cuidados posibles. Los condenados han dado ya los primeros pasos para recurrir la sentencia.

Retraso

Nuria Jiménez tenía 31 años cuando se quedó embarazada. Ella y su marido, Alfredo Escribano, vivían en un piso de Madrid y estaban muy ilusionados con la llegada del que era su primer hijo -ahora tienen dos más-, un varón al que decidieron llamar Iván. Desde el primer día acudían a la consulta del doctor Oettel, médico especialista en ginecología y obstetricia. El doctor hizo sus cálculos y le dijo a Nuria que saldría de cuentas el 12 de mayo de 1999. Pero aquel día pasó y Nuria Jiménez no había dado a luz.

Cinco días después, la mujer volvió a la consulta para una nueva revisión. El médico la citó para el 23 de mayo para provocar el parto. Un día antes, primera hora de la mañana, ella sintió fuertes dolores y contracciones. Salió de su domicilio a toda prisa rumbo a La Milagrosa. Pero una vez allí las cosas fueron más despacio.

La atendieron las comadronas ahora condenadas, que la tuvieron monitorizada desde las 7.30 hasta las 8.40 de la mañana, según declara probado la sentencia. Los primeros resultados de la monitorización ya revelaban un sufrimiento fetal que requería de una cesárea urgente, en un plazo máximo de entre 20 y 30 minutos, "sin que las comadronas avisasen al ginecólogo de guardia (...) ni al doctor Oettel (...), el cual se hallaba en su domicilio particular, personándose en la clínica a las 8.40", según la sentencia.

Al cabo de tres horas en la clínica, Nuria dio a luz por cesárea a su primer hijo. Empezó a sospechar de que algo iba mal porque no escuchaba llorar al recién nacido. Iván, que nació con un peso de 3,680 kilos, había aspirado meconio y sufría una parálisis cerebral severa. Como en La Milagrosa no tenían los medios pediátricos necesarios para tratarle, los médicos decidieron trasladarle en una ambulancia a la Clínica Nuevo Parque, según el abogado de los padres, Rafael Iruzubieta.

De vuelta a casa, la parálisis de Iván cambió la vida de toda su familia. Sus padres y sus abuelos se volcaron con el pequeño. Vendieron sus pisos en el centro de Madrid para irse a vivir juntos a un chalé en una localidad de las afueras, Las Rozas. Compraron un chalé en el que invirtieron mucho dinero para reciclarlo en una casa sin barreras para discapacitados. Instalaron una cama y una bañera especiales para el niño, así como una grúa que facilite la tarea de mover al pequeño, que ahora tiene seis años.

Cambio de coche y casa

Los padres también se deshicieron de su utilitario para comprar un coche mayor donde cupiera la silla ortopédica para poder trasladar al pequeño con mayor comodidad.

Iván requiere un cuidador a tiempo completo. Para poder hacerse cargo de esa tarea, los padres decidieron que uno de ellos debía dejar su empleo. Fue el padre, empleado en el aeropuerto de Barajas y con un salario menor que la madre, ejecutiva de banca, quien dejó su puesto de trabajo. Firmó el finiquito y se quedó en casa, pendiente del pequeño. Hizo varios cursos sobre el cuidado a personas discapacitados para intentar cumplir su tarea lo mejor posible -el niño ni siquiera controla los esfínteres-.

Dado que el estado físico de Iván ha empeorado conforme pasa el tiempo, los padres le llevaron a Moscú y a EE UU a fin de que recibiera tratamientos contra la atrofia muscular.

Con el tiempo, la pareja se planteó la posibilidad de tener más hijos. No sin miedo, asumieron lo que para ellos era todo un reto. Pero les salió bien. Tuvieron dos hijos sanos, que nacieron sin problemas.

Los padres de Iván creen que el pequeño tendrá una vida corta. Eso les han dicho los especialistas. Quizá 10 o 12 años, como suele ocurrir en este tipo de casos. Nuria Jiménez y Alfredo Escribano están convencidos de que, a pesar de su discapacidad física y psíquica, Iván es capaz de sentir el cariño que le profesa toda su familia.

"Resarcimiento moral"

El médico, José Miguel Oettel y las comadronas Inés Escribano y María Pilar Carrascal Gimeno, condenados a un año de prisión cada uno por "un delito de lesiones por imprudencia profesional grave", en un parto en el que el bebé, llamado Iván, nació con parálisis cerebral, han iniciado los trámites para recurrir la sentencia.

Sus abogados tratarán de rebajar las condenas de un año de prisión, otro de inhabilitación profesional, así como la cuantía de la indemnización de más de 950.000 euros (algo más de 158 millones de las antiguas pesetas).

Las compañías aseguradoras son los responsables civiles de los acusados y deberán asumir el coste de la indemnización, según la sentencia [de 28 folios] de Ana María Pérez Marugán,

la jueza sustituta del juzgado número 14 de Madrid del pasado siete de julio.

El doctor Oettel, de 42 años, que el viernes pasaba consulta en la clínica La Milagrosa, afirmó, en conversación telefónica, que su abogado "ha tramitado el recurso". "Ahora no puedo hablar. Estoy pasando consulta y por la tarde tengo un parto. Además, no voy a hacer más declaraciones", añadió el médico.

Ni el ginecólogo ni las comadronas ingresarán en prisión, porque carecen de antecedentes penales y la condena es inferior a dos años. Una vez analizado el recurso, el juez también podría variar su criterio sobre la inhabilitación profesional.

Rafael Iruzubieta, abogado de la acusación afirma que "los padres del pequeño quedaron en una situación de desamparo con un hijo con parálisis cerebral". "Lo que hemos buscado con este caso" -prosigue- "es un resarcimiento moral y, evidentemente, una indemnización económica, que en éste caso es imprescindible para el cuidado del niño".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 31 de julio de 2006

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