Pierden y ganan

Al final, no hubo ni veto ni condiciones imposibles para el comprador. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) aprobó el jueves la OPA presentada por el grupo eléctrico alemán E.ON sobre la empresa española Endesa -operación competidora de la que previamente había presentado Gas Natural- con 19 condiciones bastante más benignas que las drásticas propuestas iniciales de la ponencia elaborada por el consejero Jorge Fabra.

Algunas pretenden proteger activos estratégicos -la obligación de vender la central nuclear Ascó I, la renuncia a la gestión del resto de las centrales nucleares en las que participa Endesa o la venta obligada de varias centrales de carbón-; otras atienden al carácter especial del territorio -E.ON deberá abandonar Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla-; varias insisten en garantizar el suministro, como la exigencia de que la empresa alemana nunca reduzca el abastecimiento de gas a España por debajo del nivel actual de Endesa, y no pocas quieren asegurar las inversiones en actividades reguladas. Pueden ser duras, pero no prohibitivas.

Un primer examen de las condiciones indica que están próximas a las posiciones que dentro del Gobierno y de la propia CNE sostenían la imposibilidad de vetar la operación, de hecho o de derecho, y enfocaban el dictamen final en garantizar las inversiones y el abastecimiento energético. Frente al principio de la libertad de movimiento de capitales, defendido con razón por las autoridades europeas de competencia y esgrimido por E.ON, el Gobierno español podía argüir motivos tan poderosos como la ausencia de un mercado único de la energía en Europa, la falta de una política de abastecimiento común y, por tanto, la obligación de garantizar dicho suministro tras la entrada en el mercado español de un operador tan poderoso -y tan conectado a la política energética alemana- como E.ON.

Las condiciones impuestas por la CNE respetan el derecho de compra de E.ON, pero, al mismo tiempo, intentan salvaguardar, en algunos casos con dureza, el derecho de las autoridades españolas y del regulador a defender la política energética nacional. Es imposible ocultar, sin embargo, graves inconsistencias en la gestión política de la OPA, tanto en el Gobierno como en la propia CNE. Un error ha sido, por ejemplo, exhibir las evidentes discrepancias entre el Ministerio de Economía, partidario de una solución de compromiso, y el de Industria, defensor de un veto radical.

Frente a un ganador parcial, como E.ON, hay varios perdedores en esta prolongada escaramuza político-financiera. Lo es en cierta medida Gas Natural, que se encuentra ahora con un competidor prácticamente insuperable; y también Endesa, que, gracias en parte a sus errores, se degrada del rango de multinacional española al de empresa troceada y sucursal de E.ON; y también, en fin, el Gobierno y la CNE, que han llegado a una solución de compromiso, pero a costa de una exhibición de torpeza y desunión. Unas operaciones que debía resolver el mercado -la de Gas Natural y la de E.ON- se convirtieron, así, en un problema para la imagen del Gobierno y para la credibilidad del regulador. Pero como bien está lo que bien acaba, todos pueden también, al final de las cuentas, hacer su propio balance ganador, incluyendo por supuesto el Gobierno, que tiene a punto de cierre un caso que adquirió visos de lío monumental.