La familia del antiguo arrendatario del terreno denuncia al promotor por fraude y prevaricación

Los herederos de Gonzalo González Nicolás, que durante más de 60 años labró el 44% del suelo en el que hoy se levanta la macrourbanización de Seseña, denunciaron ayer al constructor ante la Fiscalía Anticorrupción. La familia del antiguo arrendatario afirma que Hernando compró el terreno rústico días antes de la recalificación porque sabía que el Ayuntamiento de Seseña iba a aprobar la urbanización y denuncian un plan para que no se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo de 1997 que le dio acceso a la tierra al agricultor.

Los herederos de Gonzalo González se unieron ayer a la denuncia presentada por IU en Anticorrupción. En un escrito de 24 folios, acompañados de dos cajas de documentación, afirman que el promotor Francisco Hernando podría haber incurrido en delitos de "prevaricación, cohecho, fraude, malversación de caudales públicos y extracción ilegal".

Los herederos aportan la sentencia del Supremo que en 1997 les dio derecho sobre 100 hectáreas de secano (el 44% del suelo de la urbanización) porque la cultivaba desde los años treinta. Hernando compró la empresa dueña del suelo 114 días antes de que el ayuntamiento lo recalificara y, según la denuncia, "a través de personas y entidades bajo su absoluto control", el promotor se ha centrado en "burlar el contenido del fallo judicial firme obteniendo así un beneficio económico sin precedentes, tan cuantioso como ilícito" y para ello no puso "ni límite ni reparo alguno".

La denuncia afirma que el promotor compró el suelo "a sabiendas de que el plan de urbanización iba a ser objeto de aprobación unos días después". Después, siempre según la denuncia, "ejecutó un plan de defraudación para evitar la ejecución de un fallo judicial firme", la sentencia del Supremo que daba acceso al suelo al agricultor de toda la vida.

Hernando, una vez recalificada la finca, logró abrir un procedimiento judicial sobre cómo se debía ejecutar la sentencia. Alegó que como la finca no era ya rústica, no era aplicable la ley que daba acceso a los arrendatarios históricos del suelo rústico. Un juez dictó en 2004 que eso era "un abuso de derecho" porque el tema ya estaba juzgado. Sin embargo, la Audiencia Provincial dio la razón a Hernando y el caso está ahora en el Supremo. Este tribunal puede tardar años en fallar y para entonces las casas pueden estar vendidas.