Ratificada una condena para Julián Muñoz por delito urbanístico

La Audiencia Provincial de Málaga ha ratificado la sentencia que condena al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz a un año de prisión por un delito de prevaricación urbanística en el caso Proinsa. Con esta son ya dos las sentencias firmes dictadas contra el ex alcalde de Marbella por delito urbanístico que suman año y medio de prisión. El pasado lunes, un juzgado de Málaga lo absolvió de otro caso similar al considerar el juez que otorgar una licencia en zona verde no es delito penal sino ilegalidad administrativa.

Muñoz, que permanece encarcelado desde hace una semana por la Operación Malaya, fue condenado el pasado noviembre por el Juzgado de lo Penal número 5 junto a otros seis ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) que aprobaron en 1999 una licencia de obra para 150 viviendas a la promotora Proinsa en suelo reservado como zona verde por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Los condenados recurrieron la sentencia que ayer ratificó la Audiencia de Málaga.

Dos de los ex concejales condenados, María Luisa Alcalá y Rafael González, eran aún en diciembre miembros de la corporación y dimitieron tras conocer la sentencia que les condenaba también a ocho años de inhabilitación.

La Fiscalía de Málaga y dos acusaciones particulares van a recurrir la sentencia que ha absuelto a Julián Muñoz de presunto delito urbanístico en el caso Moansa. El ministerio público considera que hubo "un evidente delito contra la ordenación del territorio, y que los hechos suponen una infracción grave".

Restablecer la legalidad

La comisión gestora de Marbella aprobará en el pleno de hoy el primer expediente de ejecución de una sentencia judicial para restablecer la legalidad urbanística. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia andaluz (TSJA) anuló la licencia para seis viviendas en zona verde otorgada por la comisión de gobierno en noviembre de 1997 a Moansa. El Tribunal Supremo emitió el pasado diciembre un auto que inadmite el recurso de casación, por lo que confirmó la sentencia del TSJA.

Ahora la gestora ejecutará dicha resolución. Formalmente, la decisión significa la apertura de un expediente de disciplina urbanística que derivará, por una parte, en una multa a la promotora, y por otra, en un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística que podría implicar el futuro derribo de las viviendas si así lo estimara la sala del TSJA, a la que la gestora debe pedir que se pronuncie sobre el modo de ejecutar la sentencia.

Las seis casas adosadas están situadas en una zona céntrica y acomodada y están habitadas desde su construcción, hace ahora siete años. Fuentes de Moansa argumentaron ayer que los técnicos de Urbanismo nunca les informaron de que las viviendas estuvieran ubicadas sobre zona verde y que de hecho le expidieron la licencia.