Reescribir la historia

Uno de los muchos éxitos de la transición fue el consenso historiográfico alcanzado en torno a la República y a la Guerra Civil. Sorprendentemente, a partir del año 2000 la historia empezó a ser secuestrada y manipulada al servicio de determinados intereses políticos. Bajo el firme liderazgo de Aznar tras conquistar la mayoría absoluta, la derecha española más extremosa pudo empezar a olvidarse de las interesadas loas a Azaña de su líder y los recurrentes cantos al liberalismo y a la moderación que habían sido necesarios para la conquista del centro, fuera del cual no se ganan elecciones en los países desarrollados. Fue el momento de quitarse la máscara y actuar sin complejos ni concesiones a esa izquierda falsamente moderada que no sería sino el trasunto de la de siempre: la radical, la revolucionaria, la filocomunista que jamás acepta las reglas del parlamentarismo y de la democracia que tan falsamente reivindica.

En semejante tesitura histórica había que recuperar las señas de identidad dejadas en sordina a lo largo de la transición y consolidación democráticas. Era imprescindible reescribir la historia inmediata. Se aprestó a ello con febril entusiasmo un ejército de publicistas con ínfulas de historiadores que pretendían romper con una ortodoxia historiográfica impuesta por supuestos profesionales incapaces de sacudirse la caspa ideológica estalinista. Una verdadera cohorte de periodistas de pago hicieron de caja de resonancia y los publicitaron a los cuatro vientos para demostrar a las nuevas generaciones que los socialistas que se habían encaramado al poder sin el menor escrúpulo, sobre los cadáveres de los terribles atentados del 11-M, eran los mismos de siempre.

En 1934, la izquierda y los nacionalistas reventaron la convivencia democrática desencadenando la revolución social en Asturias y proclamando la independencia de Cataluña. El 18 de julio de 1936 no fue un golpe de Estado ilegal e ilegítimo que provocó una terrible Guerra Civil, sino un necesario golpe "preventivo" de pura autodefensa que el general Franco y el resto de patriotas que le secundaron tuvieron inevitablemente que dar para salvar a España del caos e impedir su desmembración ("balcanización") y la entronización de un gulag soviético cuyos horrores hubieran dejado pálida la inevitable dureza de Franco y su "Régimen del 18 de julio". Se trata de una burda muestra del negacionismo histórico (revisionismo) que inevitablemente nos toca pasar ahora a los españoles y que otros países, como Italia, Francia o Alemania, ya pasaron en los años ochenta.

Pero el abundoso papel amarillo que nos invade, nunca, jamás, podrá ocultar la realidad histórica del 18 de julio de 1936 que empezó por ser un acto ilegal e ilegítimo. Ilegal porque no estaba entre las competencias de los Jefes de División del Ejército declarar la ley marcial. Ilegítimo porque tanto el resultado de las elecciones (cuya limpieza cuestionaron los sublevados sólo a posteriori) como el Gobierno de la Nación surgido de ellas, habían sido sancionados y aceptados jurídicamente y políticamente por la propia oposición parlamentaria, tal y como quedó reflejado en el libro de Sesiones de las Cortes por su líder más destacado, José María Gil Robles, lo que desmonta los inútiles intentos posteriores, que aún persisten, por cuestionar el resultado electoral y el Gobierno surgido del mismo como importante justificación para su rebeldía anticonstitucional. No puede argumentarse historiográficamente que el Gobierno republicano en julio de 1936 hubiera sucumbido a una ilegalidad e ilegitimidad que hiciera inevitable la ilegalidad e ilegitimidad de la oposición para defenderse. La legalidad y legitimidad del Estado republicano en 1936 es incuestionable a la luz del derecho español y del derecho comparado a pesar de los renovados intentos justificativos del revisionismo.

El argumentario "jurídico" del Nuevo Estado franquista quedó plasmado en un famoso Dictamen oficial que despreciaba hasta los principios fundamentales del Derecho. Sus epígonos revisionistas apenas vuelven sobre ellos. De acuerdo con la legalidad internacional que deriva de la ONU, la ilegalidad del régimen franquista es evidente, como lo prueba su alzamiento en armas contra el gobierno legítimo de la República vulnerando el orden jurídico vigente. La Resolución, Res.39 (I) adoptada por unanimidad de la Asamblea General el 9 de febrero de 1946 consideró que el régimen de Franco fue impuesto por la fuerza al pueblo español y no lo representaba. Y, de acuerdo con los Principios de la propia ONU, el franquismo cometió crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Aún hoy, de acuerdo con la Resolución, Res.1996/119 de 2 de octubre de 1997, en España siguen sin cumplirse en relación con las víctimas y sus familiares de la represión franquista, el derecho a saber, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación. Y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha instado al Consejo de Ministros español a que el 18 de julio sea declarado día oficial de condena de la dictadura franquista.

A mayor abundamiento, significadísimos rebeldes al orden constitucional republicano, entre los que cabe destacar a Ramón Serrano Suñer, "el cuñadísimo", el constructor jurídico del Nuevo Estado, o el general Ramón Salas Larrazábal, cabeza de fila de la historiografía franquista más seria, así tuvieron que acabar por reconocerlo. El primero, aceptando que la rebeldía estaba jurídicamente en los autoproclamados nacionales que montaron una parodia de justicia, una "justicia al revés", y, el segundo, reconociendo que, en 1936, "el Estado no estaba ni secuestrado ni inválido". ¿De qué "justa" o "necesaria" rebelión estamos entonces hablando? ¿Si el Estado republicano no estaba ni secuestrado, ni inválido, por qué se sublevaban?

El 18 de julio de 1936, al derivar en Guerra Civil, inicia un puro y simple genocidio por más que este vocablo despierte reticencias en determinados autores a la hora de aplicarlo al franquismo, ya que es generalmente utilizado para referirse al exterminio del pueblo judío que emprendieron los nazis. No se trata ahora de establecer paralelismos históricos entre el holocausto y la masacre de rojos "y demás ralea" emprendida por Franco. Por los resultados que produjo, el 18 de julio fue un crimen contra la humanidad, tanto en la significación que otorga al concepto la Real Academia Española como en el propiamente técnico de la jurisprudencia internacional. Franco y el régimen que alumbra el 18 de julio fueron más criminales que Pinochet o Milosevic. Tal es la realidad jurídica, política e historiográfica del 18 de julio de 1936.

Alberto Reig Tapia es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y autor de La cruzada de 1936. Mito y memoria (2006).