El proyecto de Justicia de reformar el turno de oficio solivianta a los letrados catalanes

La propuesta de cambio de modelo de la asistencia jurídica gratuita del Departamento de Justicia, el denominado turno de oficio, ha puesto en pie de guerra a los colegios de abogados de Cataluña. Sus representantes entregaron ayer al departamento un documento en el que tachan la reforma de "grave atentado hacia los derechos de la ciudadanía". En opinión del decano del Colegio de Lleida y presidente de la Comisión del Turno de Oficio, Ricardo Borrás, Justicia "da la espalda a la realidad de que vivir en un Estado de derecho obliga a asumir determinados costes económicos". El Colegio de Abogados de Sabadell es tajante y reclama "la dimisión o destitución del consejero de Justicia".

Pero ¿qué es lo que propone Justicia que ha soliviantado a los representantes colegiales?

Hasta ahora, los colegios de abogados eran los que designaban los abogados del turno de oficio. Cuando alguien solicitaba asistencia jurídica gratuita, el colegio analizaban sus ingresos económicos y dictaminaba si podía o no beneficiarse de este servicio. Con el visto bueno de la Comisión Provincial de la Asistencia Jurídica Gratuita, formada por la Administración, los colegios de abogados y procuradores, y el Ministerio Fiscal, el colegio respectivo asignaba un letrado de una lista de voluntarios y por "riguroso orden alfabético", según el decano del Colegio de Sabadell, Manel Hernández.

Con el modelo que propone el Gobierno catalán, los colegios de abogados dejarían de tener esta competencia. El proyecto del Departamento de Justicia, dirigido por Josep Maria Vallès, propone que los abogados de oficio se escojan a través de "un concurso público entre ofertas presentadas por individuos o despachos y colectivos profesionales para prestar los servicios en base a un contrato de obra y con una retribución global". La segunda opción que prevé el documento de trabajo es también un concurso público para hacerse con los servicios del turno de oficio, pero cambia el tipo de contrato, que pasa a ser "de arrendamiento de servicios y dedicados en exclusiva a la asistencia jurídica gratuita durante un periodo determinado". Estas dos posibilidades suponen la privatización del servicio. La tercera alternativa es que los letrados sean funcionarios dedicados exclusivamente a la justicia gratuita.

No son los únicos cambios. En el apartado del turno de oficio, a los colegios les sustituiría una "entidad autónoma, que integraría el asesoramiento previo, la creación y mantenimiento del registro de delegados, la determinación y liquidación de los honorarios, y la supervisión de la calidad de la asistencia jurídica". Para ello, según la Generalitat, se crearía "un consorcio" que incorporaría a los colegios de abogados y tendría oficinas territoriales.

Argumentos

El documento argumenta que la asistencia jurídica gratuita ha incrementado "sus costes directos de manera acelerada". Por otra parte, se describe el actual proceso como "lento". El departamento también justifica que los colegios no observan con "el suficiente rigor" las condiciones de experiencia, formación y especialización de los letrados del turno de oficio, y que éste se ha convertido en "una bolsa de trabajo".

El decano del Colegio de Sabadell afirma que Justicia "menosprecia de manera insultante" a los abogados del turno de oficio, y tilda la propuesta de "contradictoria e insuficientemente documentada". No es la única crítica de Hernández, que alerta de que el modelo propuesto pone en peligro "la independencia y la libertad del abogado", y cuestiona también las alternativas contenidas en el documento. "Si se selecciona a los abogados por concurso público, se buscará la máxima rentabilidad económica, y ¿cómo va a defender un abogado que es funcionario un pleito contra la Administración?".

Ante las críticas de la propuesta, ayer el Departamento de Justicia difundió un comunicado en el que señala que "no renuncia a someter a debate social, y no exclusivamente corporativo, la posibilidad de introducir mejoras en el servicio público de la asistencia jurídica gratuita" y propone al Consejo de Colegios la "organización conjunta durante los primeros 15 días de septiembre de unas sesiones públicas para analizar el documento de referencia".