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COLUMNA

Policías en prisión

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de los de Málaga ha ordenado prisión provisional para tres policías acusados de delitos de agresión sexual sobre algunas inmigrantes que se encontraban retenidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Capuchinos sobre las que ejercían su custodia. Otros funcionarios han quedado en libertad provisional; la imputación que se les hace es por delitos de distinta naturaleza. Los hechos, de ser ciertos, son de extremada gravedad. Los inmigrantes, por mucho que se haya avanzado legalmente en su integración, cuando llegan a España de forma irregular viven en una situación de casi clandestinidad. No disfrutan de los derechos que ostentan los ciudadanos españoles. El Estado de Derecho lo perciben desde la lejanía. A diferencia de los ciudadanos españoles no pueden controlar la actuación gubernativa, de forma que pudieran quedar garantizados sus derechos y libertades. Este control no se da, por cuanto los inmigrantes irregulares viven casi a escondidas y con miedo a ser devueltos a sus países de origen. Son circunstancias que fijan una posición de indefensión, posibilitan los abusos como también una cierta impunidad.

Es más, la identificación, cada vez más expansiva y grosera, que se hace entre el aumento de la delincuencia y drogas con inmigrantes, ayuda a que la sociedad contemple hechos como los denunciados sin la alarma social que se darían en otros de la misma naturaleza pero cometidos sobre ciudadanas españolas.

Y, precisamente, estas razones y que duda cabe, por muchas más, hacen que, si los hechos son ciertos, revistan una especial gravedad. Las internas de estos centros, por la propia debilidad que les marca su cuasi inexistencia están sometidas a quienes se encargan de su custodia. Su posición en esta relación es extremadamente débil por lo que son fáciles de someter como probar cualquier acto ilegítimo que pudieran soportar. Con ello no estoy diciendo, ni quiero decir, que si los hechos no se prueban los policías que están imputados serían culpables. En absoluto. Tanto en este momento que escribo, como en el caso de celebrase juicio y recayera sentencia absolutoria, están protegidos por la presunción de inocencia y por su inocencia. Lo que quiero decir es que si en los delitos sexuales existe un cierto marco de clandestinidad por lo que, a veces y siempre que se cumplan determinados requisitos, la propia declaración de la víctima es suficiente para que en juicio pueda ceder la presunción de inocencia, con mayor o igual razón cuando la víctima o víctimas están tan indefensas como la oscuridad en la que sobreviven. Nada más. Ahora, bien, mientras llega la sentencia, podrán darse declaraciones que atenúen la gravedad de los hechos denunciados o que las dirijan hacia otras direcciones. Entra dentro de la lógica mediática y del corporativismo que en esta sociedad se practica en función de unos y otros intereses. Y es, en esta lógica y al margen de matizaciones, en la se pueden valorar las declaraciones del secretario general del Sindicato Unificado de Policía destacando que en más de una ocasión se habían denunciado "distorsiones" en este centro de internamiento o su solicitud de mujeres para que vigilen a las internas, como si las distorsiones pudieran excusar delitos o la vigilancia por mujeres los impidieran. Una dialéctica de la que hay que salir. Y hay que salir con una investigación exhaustiva que determine si se han vulnerado los derechos de los inmigrantes y si algunos funcionarios se han prevalido de su condición para abusar sexualmente de las personas sometidas a su custodia.

De esta forma podrá conseguirse que la sociedad continúe mirando con respeto a sus agentes y tenga la confianza de que, sean hombres o mujeres, van a actuar con los retenidos como si siempre llevaran la ropa puesta, haciéndoles saber que el ponerse en pelotas o quedarse sin ropa -si es que actúan de esta forma-, como también se les ha atribuido a las inmigrantes para restar credibilidad a la denuncia, no les concede más derechos que los escasos que les otorga la Ley.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de julio de 2006