La CNE debatirá dar a E.ON un plazo de ocho meses para vender Ruhrgas

El consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) abrirá hoy el debate sobre la OPA de E.ON a Endesa. La discusión se centrará en las duras condiciones de la propuesta de resolución elaborada por el ponente del expediente, Jorge Fabra, para aprobar la operación. Entre esas condiciones figuran la obligación de E.ON de deshacer en ocho meses la fusión con la gasista Ruhrgas en 2003, aprobada por el Ejecutivo alemán en contra del criterio del Tribunal de Competencia germano. Además, el ponente propone que E.ON ceda la gestión de las nucleares en las que participa Endesa.

El debate promete ser intenso. La propuesta de resolución elaborada por el ponente Jorge Fabra (uno de los cuatro consejeros nombrados a instancias del PSOE, si se incluye a la presidenta del organismo, Maite Costa) aboga por aprobar la OPA con duras condiciones. Se basa en un hecho: España, como cualquier otro Estado miembro de la UE tiene derecho a asegurar su suministro energético. Éstas son las condiciones fundamentales:

- Venta de Ruhrgas. Es, probablemente, la condición más dura. El ponente propone que la CNE imponga un plazo de ocho meses a E.ON para que deshaga la fusión con la gasista Ruhrgas. El razonamiento para la condición es simple: la fusión de E.ON con Ruhrgas, según recogen documentos oficiales del Gobierno alemán, se autorizó (contra el criterio del Tribunal de la Competencia germano) teniendo en cuenta los intereses político-energéticos de la República Federal de Alemania.

Y esos intereses podrían no coincidir con los intereses españoles de seguridad pública en materia de garantía de suministro, un asunto que desde el punto de vista jurídico se puede defender como competencia de los Estados miembros de la UE y no de la Comisión Europea, como defiende la comisaria de Energía Neelie Kroes.

La prueba de que E.ON-Ruhrgas es algo más que un mero proyecto empresarial es que el Gobierno alemán impuso a E.ON la obligación de vender Ruhrgas en el caso de que la eléctrica fuera adquirida por otra empresa y los intereses de la República Federal pudieran verse afectados.

- Red de generación y transporte.

El documento a debatir propone que E.ON separe jurídica y empresarialmente del grupo la red de transporte eléctrico que ahora gestiona. El argumento es que en una red eléctrica europea única, una empresa no puede gestionar una parte fundamental del sistema. Ello chocaría con la regulación española, que establece que ninguna empresa puede controlar más del 1% de Red Eléctrica de España (REE).

- Nucleares, aparte. E.ON deberá crear, según el ponente, un subholding que agrupe sus actividades reguladas (transporte y distribución de energía) y sus activos estratégicos. Éstos son las centrales nucleares, las centrales de carbón, la red básica de gas y todos los activos en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. La gestión de las nucleares donde participa Endesa corresponderá a los socios de E.ON y en la central de Ascó I (propiedad al 100% de Endesa), E.ON deberá proceder a vender un 30%. Como en las otras centrales, la gestión será del socio o socios. Además, deberá vender las centrales incluidas en el Plan de la Minería del Carbón 2006-2012, que son Compostilla, Teruel y Anllares.

- Limitación de dividendos hasta 2010. Se propone limitar el reparto de dividendos de aquellas sociedades del nuevo grupo E.ON-Endesa que desarrollen actividades reguladas o que sean titulares de activos estratégicos en España. Sólo se autorizarían cuando los recursos generados aseguraran las inversiones comprometidas ya por Endesa.

Las condiciones expuestas, acompañadas de otras de menor entidad, como la obligación de E.ON de asumir las inversiones ya comprometidas por Endesa en electricidad y gas o la obligación de que mantenga la vida útil de las centrales para los períodos establecidos, pueden suponer, en la práctica, un veto de hecho a la operación lanzada por el grupo alemán, sin precedentes en Europa por su volumen (más de 29.000 millones de euros) y por la forma en que fue planteada, sin consultas de Gobierno a Gobierno.

Fuentes conocedoras del debate señalan que la serie de condiciones planteadas por el ponente, de ser aprobadas, aseguran una confrontación con E.ON y, posiblemente con la Comisión Europea.

Tras la argumentación del ponente Jorge Fabra está la idea, fundamental, de que el interés público en un sector estratégico como la energía cae dentro de las competencias nacionales. Con un matiz añadido, las condiciones no se imponen a E.ON, sino a una empresa, Endesa, con actividades reguladas en España que no puede actuar, en el marco europeo, en contra de la regulación del país de origen.

La decisión de la Comisión de la Energía sobre la operación, previsiblemente, se conocerá el próximo jueves. Aunque suceda lo que suceda, la OPA de E.ON sobre Endesa seguirá pendiente de los tribunales.

La oferta alemana compite con la de Gas Natural y ésta está paralizada por el juzgado mercantil número 3. "Todo depende ahora de los tribunales, de la CNE y de la CNMV" señalaba hace apenas unos días un alto directivo de Gas Natural.