Marbella, orden de paralización

La recuperación de la legalidad en el urbanismo de Marbella tendrá un severo coste. Porque entre las víctimas de la red de corrupción desmantelada en la Operación Malaya -hasta ahora hay 62 detenidos entre ediles, promotores y abogados- están miles de propietarios inquietos por el futuro de las viviendas construidas en la última década.

La comisión gestora llegó con paso firme y ha actuado de forma contundente para atajar el caos urbanístico. En sólo 80 días ha dictado 84 órdenes de paralización de obras que han afectado a más de 1.300 viviendas desde que el hotel Senator fue precintado, el pasado 2 de mayo.

La tarea de poner freno a la construcción sin límites ni respeto a la legalidad que ha imperado en los últimos 15 años ha sido frenética, y en un plazo récord la gestora ha promovido 700 actas de inspección y ha dictado 140 resoluciones administrativas. Los cálculos de expertos indican que las decisiones afectan a inversiones por importe superior a los 200 millones en el sector que ha sido el motor de la tercera ciudad andaluza en cuanto a actividad económica.

El equipo municipal ha promovido 700 actas de inspección de actuaciones urbanísticas

Además, la gestora ha impuesto tres sanciones, entre las que destaca la que afecta a la sociedad Hipercor, SA, por importe de 14,6 millones, por haber ampliado el centro comercial Costa Marbella sin la licencia de obras necesaria.

Esta oleada de precintos ha suscitado incertidumbres. Pero tras las sentencias judiciales sólo quedan dos vías posibles: la legalización de las viviendas o el derribo. Las 1.300 viviendas que han sido paralizadas por la gestora se suman a las 30.000 impugnadas en los tribunales por contravenir el único Plan General vigente, que data de 1986. Este ordenamiento urbanístico nunca fue aceptado por Jesús Gil, alcalde que dirigió el Ayuntamiento durante 11 años y que permitió tantas irregularidades urbanísticas como sus sucesores, Julián Muñoz y Marisol Yagüe, ambos encarcelados a raíz de la operación policial en curso.

Yagüe ejecutó numerosas órdenes de precinto en los últimos años, pero finalmente éstas no se ejecutaban por la Policía Local, que permitía que los precintos fueran vulnerados y las obras continuaran. Ahora la ciudad espera como agua de mayo el nuevo plan general, que aprobará la Junta de Andalucía el próximo año tras la retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella.

"A pesar de que mantenemos una postura prudente, no quedará más remedio que ejecutar ciertos derribos", avisa el vocal de Urbanismo de la gestora, Rafael Duarte. El equipo de gestores dejó muy claro desde el principio que se regiría por la legalidad vigente, y ahora afronta la ejecución de 20 sentencias firmes ya dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Por el momento, las excavadoras aún no han dado un solo paso contra los inmuebles irregulares, visibles en cada esquina de Marbella.

Estas 84 órdenes de paralización de obras están muy distribuidas por el término municipal de Marbella, y si en el este han sido afectadas las zonas de Río Real y Elviria, en el oeste están las de Guadalmina y San Pedro. "Pretendíamos que fuera una distribución equilibrada para demostrar que las órdenes se ejecutan por toda la ciudad", añade Duarte.

Las obras de la promoción Casablanca Beach, formada por 61 viviendas en San Pedro, fueron precintadas al impugnar la licencia el Ayuntamiento por estar construida en una parcela destinada a zona verde según el plan general de 1986. Los vecinos afectados aseguran que las obras finalizaron, que cuentan con licencia de primera ocupación y que la mayoría había dado de alta ya los servicios de agua y luz. "Son viviendas escrituradas a terceras personas de buena fe. Esto es ya una obra consumada, la gestora no puede precintarla, y la denunciaremos por prevaricación, ya que adujeron desconocer que solicitamos el alta del agua cuando no era así", reprocha Enrique Domínguez, presidente de la comunidad de propietarios.

Domínguez pronostica, como también vecinos con tono apocalíptico, que las paralizaciones serán el comienzo de una severa crisis para Marbella: "Esto supone un daño brutal e irreparable para la ciudad. ¡Los inversores se están marchando!".

Además del sector de la construcción, que está desplazando su actividad hacia localidades vecinas de la Costa del Sol como Manilva o Benahavís a raíz de las paralizaciones, también se han visto afectados otros sectores, como la decoración e interiorismo y el de mobiliario.

Las construcciones afectadas no han sido sólo viviendas. También han sido clausurados temporalmente dos hoteles, una gasolinera, cuatro locales comerciales y tres naves industriales, así como varios movimientos de tierra y ejecuciones de infraestructuras ilegales. Entre las obras precintadas hay actuaciones de promotores imputados en la Operación Malaya, entre ellos José Ávila Rojas, dueño de Haviland, y Emilio Rodríguez Bugallo, propietario de Construcciones Salamanca.