No me corten el barrio

Plaza Tirso de Molina, barrio de Embajadores. Un centenar de personas, entre comerciantes y vecinos, se manifiesta contra el Área de Prioridad Residencial que conllevará el cierre al tráfico de no residentes el 31 de julio.

Dos plataformas vecinales y empresariales y una patronal mostraron ayer su oposición al cierre al tráfico y reclamaron al Ayuntamiento de Madrid "más diálogo", más "libertad de empresa", un horario de carga y descarga más amplio y más plazas para que las furgonetas descarguen sus mercancías.

Esta posición, sin embargo, no es compartido por La Corrala, otra asociación vecinal del barrio que sí apoya la medida adoptada por el Ayuntamiento.

Eva Domínguez, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Mayoristas de Centro,

La plataforma La Corrala sí apoya la decisión municipal de restringir la circulación

critica que el Ayuntamiento ha adoptado la medida de forma unilateral y sin reunirse con los afectados.

"El alcalde quiere diseñar la capital de sus sueños, y para ello está dispuesto a arrancar a nuestro barrio su piel mayorista", afirmó ayer el secretario general de la patronal Copyme, Miguel Ángel Blanco, quien afirma que Embajadores es desde los setenta una zona preferentemente comercial.

El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón decidió hace un año acabar con los atascos provocados por el ir y venir de las furgonetas de reparto en una zona donde conviven 814 establecimientos comerciales con 50.500 residentes. La llamada Área de Prioridad Residencial (APR) implica el cierre de las calles que rodean la plaza de Tirso de Molina: calzadas como Duque de Alba, Magdalena o Toledo -que desemboca en la Puerta de Toledo- dejarán de ser accesibles para los no residentes el 31 de julio. Algo contra lo que protestaron ayer algunos comerciantes y vecinos. "Cierre de Embajadores igual a despedidos", gritaron.

"Tengo 56 años y siempre he vivido en este barrio", exclamó Aurora Pérez. "¿Qué haré cuándo mis hijos y nietos se acerquen a verme a la calle Mesón de Paredes?", se pregunta angustiada. "No vendrán, porque no tendrán dónde aparcar", se responde a sí misma.

Desde la patronal Copyme, exigen, al menos, una hora más de carga y descarga (el APR fija un horario restringido de 10.00 a 13.00), y más plazas de carga y descarga (el plan las amplia de 223 a 328). Las razones: "En este barrio hay muchos más negocios que en el barrio de las letras, es imposible que a los comerciantes les dé tiempo a dejar sus fardos en tres horas y con 328 plazas", dice Blanco.

Pero también surcaron la plaza gritos a favor del APR. Vecinos que, hartos de lidiar cada mañana con los embalajes y cajas que los comercios dejan tirados en las aceras, desean unas calles "más tranquilas". "Este es un barrio de viejos, no de comercios", espetó Manuela a los representantes de Copyme, de la Asociación de Comerciantes de Mayoristas de Centro y de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de Tirso de Molina (ATILA), que se concentraron ayer en el barrio.

En una esquina, lejos del revuelo, se estaba Chen Jian Wei, propietario de dos establecimientos, uno mayorista y otro minorista, en las calles de Embajadores. A pesar de su pobre dominio del español, explica que teme que el APR acabe con su negocio.

Ayer no se manifestaron ninguna de las dos asociaciones de comerciantes chinos. El vicepresidente de la Asociación de Chinos en España, explicó a este periódico que "no puede opinar sobre el APR", sin querer más detalles. Tampoco acudió a la plaza la Asociación de Comerciantes Chinos de España, aunque sí lo hicieron el 10 de noviembre de 2005, cuando 2.500 mayoristas, minoristas, empleados y residentes marcharon en contra el cierre al tráfico de vehículos.

Desde el 1 de enero, el Ayuntamiento ha cerrado 30 establecimientos mayoristas en el barrio de Embajadores, la mayoría regentados por ciudadanos de origen chino.