Bush admite que un tribunal revise la legalidad del espionaje telefónico

Por segunda vez en una semana, la Casa Blanca rectifica -con serios matices- principios políticos sobre la autoridad presidencial en vigor después del 11-S y defendidos hasta ahora a capa y espada. El jueves por la tarde, y tras una complicada negociación entre el republicano Arlen Specter, presidente del Comité Jurídico del Senado, y el vicepresidente, Dick Cheney, el propio Specter anunció que el presidente, Bush, daba su brazo a torcer y admitía que el programa secreto de intervención de comunicaciones electrónicas con el extranjero fuera revisado por un tribunal para determinar si se atiene a la Constitución. El pasado martes, el Pentágono dio orden de aplicar la Convención de Ginebra a los sospechosos de terrorismo tras el fallo del Tribunal Supremo que ilegalizó las Comisiones militares especiales.

Aunque la Casa Blanca no ha tirado la toalla y trata de salvar amplios márgenes de discrecionalidad para Bush, en ambos casos es común el frenazo a la filosofía de la presidencia imperial y a la política de prescindir del control legislativo a la hora de llevar a cabo la guerra contra el terrorismo que el Capitolio respaldó masivamente después de los atentados de Nueva York y Washington. Y en ambos casos es el propio Congreso -bajo presión de los republicanos que tratan de presentarse en las mejores condiciones posibles a las legislativas de noviembre, y desde luego de los demócratas- el que, arrepentido de aquel cheque en blanco que la Casa Blanca ha utilizado una y otra vez sin escrúpulos, quiere recuperar su autoridad y limitar la del presidente.

Programa secreto

Tras la filtración de diciembre de 2005 que desveló las escuchas, la Casa Blanca afirmó que el presidente tenía autoridad suficiente para encargar el programa secreto a la Agencia Nacional de Seguridad, y se resistió a las presiones para debatirlo. Ahora, cuando esas presiones se han multiplicado por el fallo del Supremo -referido a otro asunto, el derecho de los presos de Guantánamo a un juicio justo, pero medularmente relacionado con los excesos del poder presidencial-, el Gobierno parece ceder, aunque con condiciones que no gustan a todos.

El acuerdo -que aún tiene que ser refrendado por las Cámaras- implica que el tribunal creado por la Ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero (FISA, en sus siglas en inglés) de 1978, que es el que autoriza las escuchas, analizará el programa a puerta cerrada y decidirá si choca con la Constitución o está "razonablemente diseñado" para interferir en las comunicaciones de las redes terroristas. "Si el tribunal decide que no es constitucional, el programa no podrá continuar", dijo Specter, que ha negociado durante meses con el vicepresidente, Dick Cheney, y que cree que Bush está admitiendo "que no tiene un cheque en blanco".

Si el programa queda descalificado, el Departamento de Justicia podría elaborarlo de nuevo y enviarlo al Congreso para su debate y aprobación. "La elaboración de esa nueva ley podría dar lugar a un pacto interesante", según el demócrata Patrick Leahy.

Pero el programa podría salir intacto de la revisión o muy parecido al anterior. Por ello, el acuerdo dejó insatisfechos a algunos republicanos y demócratas, como Jane Harman, que dijo que el desenlace podría seguir manteniendo "el cheque en blanco para llevar a cabo escuchas sin mandato judicial". La inquietud de estos congresistas quedó alimentada por las palabras del responsable de Justicia, Alberto Gonzales, que dijo que la nueva legislación "seguiría permitiendo al presidente recoger información para proteger al país".

La Unión de Libertades Civiles, que llevó a los tribunales el programa secreto, se ha unido a las voces críticas: "El acuerdo entre Specter y Cheney es una capitulación de Specter ante la Casa Blanca", según Anthony Romero, director de la Unión.