Alcaldes y vecinos se quejaron hace meses de la línea donde descarriló el metro en Valencia

Un grupo de 21 alcaldes y portavoces socialistas de municipios del área por los que circula la línea 1 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), donde el pasado día 3 murieron 42 personas al descarrilar el metro, reclamaron ayer al Gobierno autónomo poder participar en la comisión de investigación que, previsiblemente, se creará hoy en el Parlamento valenciano y que concluirá sus trabajos en agosto. Los representantes municipales quieren trasladar a la Cámara las quejas y denuncias que ciudadanos, asociaciones de vecinos y ediles efectuaron meses atrás sobre las deficiencias de la línea 1.

Un total de 21 ediles socialistas, nueve de ellos alcaldes de sus municipios, cuestionaron en la reunión que mantuvieron ayer con el secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, la seguridad y la calidad del servicio de la línea 1 del metro de Valencia, según manifestó al término de la reunión Josep Bresó, alcalde de Torrent, la población donde residían más fallecidos en el accidente.

El edil insistió en que los alcaldes de las poblaciones afectadas por el siniestro quieren comparecer en la comisión de investigación parlamentaria, que está previsto que quede aprobada hoy en las Cortes valencianas, para trasladar las quejas y denuncias de los vecinos en torno a la línea 1. Bresó dijo que las medidas de seguridad en la línea son insuficientes y pidió al Consell que ponga remedio.

Las protestas sobre la línea 1 han sido recurrentes en los últimos tiempos, según ediles socialistas. El Ayuntamiento de L'Eliana -localidad residencial situada a 15 kilómetros de la capital, gobernada por el PSPV- ya debatió un escrito registrado el 17 de octubre de 2005 por la Asociación de Vecinos de Montesol -una urbanización de este municipio-, en el que solicitaba al consistorio que instase a Ferrocarrils a que elevase la frecuencia de paso de trenes y reforzase la seguridad de la línea 1, entre otros aspectos.

La petición llegaba un mes después del accidente que esa línea registró en la vecina localidad de Picanya. La asociación vecinal pedía además que se solicitase al Gobierno autónomo que tuviera en cuenta estas demandas en los siguientes presupuestos. "Que se habiliten partidas presupuestarias con las que adquirir nuevas unidades ferroviarias que sustituyan a las muy obsoletas, incómodas y carentes de las modernas medidas de seguridad que circulan por la línea 1", se decía en el documento.

Vagones vetustos

En el Ayuntamiento de Valencia, el Grupo Socialista, en la oposición, ha denunciado en varias ocasiones la antigüedad del parque móvil del trayecto más antiguo de la red de FGV. El 30 de agosto de 2004, el concejal Matías Alonso recordaba que en la línea 1 todavía se usaban ocho "vetustos trenes Babcok Wilcox sin aire acondicionado, para los que no existe repuesto y que se retiran a las diez de la mañana", explicaba el edil, "a causa del calor". El concejal hacía hincapié en los "graves problemas" que suponía el mantenimiento de los antiguos convoyes. "No hay capacidad para efectuar reparaciones largas, aquellas que inmovilizan el tren por más de un día", aseguraba. Este concejal se quejaba en una moción elevada a pleno, fechada el 14 de diciembre de 2005, de la falta de accesibilidad en la línea 1.

En el Ayuntamiento de Paterna, donde gobiernan el PSPV y EU, ambos grupos presentaron meses antes del accidente una moción donde solicitaban que se aumentara la dotación de trenes en la línea, que se aumentase la frecuencia -el paso de trenes por esa localidad oscilaba entre los 30 y los 40 minutos y el consistorio pedía una frecuencia de 15 minutos- y que se estudiase el posible enterramiento de las vías. La Junta de Barrio de la Canyada, situada a las afueras del casco urbano de Paterna, también remitió varios escritos a FGV e incluso se entrevistó recientemente con la gerente de la compañía, Marisa Gracia, para solicitarle mejoras en el servicio. En una carta registrada el 8 de septiembre de 2004 en la Consejería de Infraestructuras y Transporte, dirigida a Vicente Dómine, director general de Transportes, la junta solicitaba el recorte de las frecuencias de paso "sin menoscabo de las actuaciones necesarias en mejoras del estado de los equipamientos e infraestructuras".

En una carta remitida a FGV el 21 de febrero de 2006, esta junta de barrio insistía de nuevo: "Estamos profundamente preocupados por el estado del servicio de metro en La Canyada y, en primer lugar, por la frecuencia de los servicios". FGV respondió en marzo que para rebajar los intervalos de paso de los trenes sería necesario disponer de doble vía, "siendo imposible con la infraestructura actual".

La compañía que explota el metro de Valencia insistió ayer, por otro lado, en que de 2003 a 2005 se han atendido la práctica totalidad de las peticiones de seguridad tramitadas en el órgano interno de FGV, que es el "cauce oficial".