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Tribuna:

Economía de la inmigración

La inmigración es fundamentalmente un fenómeno de causas económicas. Nadie abandona su tierra si ésta le ofrece perspectivas dignas. La emigración supone un desgarro sentimental y elevados costes de traslado. Pero la esperanza de un mayor bienestar material supera aquellos inconvenientes. Los ingresos del inmigrante le permitirán proveer a su propio mantenimiento, y además subvenir ampliamente el mantenimiento de la lejana familia. Es más; esas transferencias suponen para el país de origen un importante flujo de divisas. En unos cuantos países, las remesas de los emigrantes son el primer renglón de ingresos de su balanza de pagos. Así pues, para los países pobres, la emigración es un alivio social y una ayuda para su proceso de desarrollo.

Veamos ahora el impacto sobre la economía del país receptor. España, y dentro de ella Cataluña, es el país de la OCDE en el que más ha crecido la inmigración en los últimos años -en 2004 cerca de 650.000 entradas, el 50% más sobre 2003-. Afirmamos que el balance económico de la inmigración es claramente positivo. Veámoslo.

Los inmigrantes se integran ocupando los puestos que los nativos dejan vacantes por su dureza o menor cualificación. Con ello aumentan el empleo, la producción, las cotizaciones sociales y hay mayor recaudación fiscal. A su vez, aumenta la demanda, tanto de bienes de consumo como de viviendas. La economía se activa, aumentan el PIB y el bienestar material.

Hay un importante efecto cualitativo. No es propio de timoratos dejar tierra y familia para trasladarse a otra con costumbres y lenguas distintas. Por ello, los inmigrantes, en general, son gente con afán de superación. De entre ellos surgirán gentes con ganas de ascender en la escala social. La primera generación ocupó los lugares más duros. Ellos o sus descendientes ocupan hoy, u ocuparán mañana, puestos preeminentes en la sociedad que les acogió y de la que son parte sustantiva.

Ahora bien, los procesos económicos y sociales no son lineales. Hay impactos dobles: positivos y negativos. Por ejemplo, la inmigración tiende a concentrarse en determinadas casas y barrios de las ciudades, de menor calidad constructiva y urbanística, y por ello, más asequibles económicamente. Su contratación supone unos ingresos para los propietarios y a la vez un descenso del valor de los inmuebles restantes, pues los nativos tienden a huir de ellos.

Una de las principales objeciones, es la de que los inmigrantes y sus familias son notables consumidores de servicios públicos: sanidad, educación y servicios sociales especialmente, y por ello requieren gasto corriente e inversiones para la dotación de infraestructuras. El argumento es cierto; requieren gasto público. Pero no es menos cierto que si esos puestos de trabajo los ocupara gente nativa, ellos y sus familias también requerirían escuelas, ambulatorios o viviendas. Son, por tanto, necesidades de las personas, sean o no inmigrantes. Puede objetarse que con el reagrupamiento familiar acceden familias que tienen muchos hijos y por tanto con muchas necesidades. Pero se da la circunstancia de que tenemos un gravísimo problema de falta de niños, ya que nuestra tasa de natalidad de 1,34 hijos por mujer -un poco recuperada gracias a la inmigración- es de las más bajas del mundo. Con ello, y de momento, esos aportes infantiles nos ayudan a aliviar -que no a resolver definitivamente- el problema.

Veamos una afirmación muy debatida; las cotizaciones de los inmigrantes son la salvación del sistema público de pensiones. Hay dos posiciones: las que niegan cualquier efecto benéfico sobre el sistema y las que aducen que es la solución definitiva. Creo que ni una ni otra cosa. Con nuestro sistema de financiación de las pensiones, llamado de reparto, los nuevos trabajadores inmigrantes, -en general jóvenes-, con sus nuevas cotizaciones refuerzan los ingresos de la Seguridad Social a la vez que mejoran la ratio cotizantes / pasivos. A ello cabe atribuir en parte, la sobrerrecaudación de la Seguridad Social en los últimos años. Por tanto, incorporar esos nuevos cotizantes ayuda a aplazar, quizá durante unos cuantos años, el temido momento en que la ratio descendería tanto que las aportaciones ya no podrían garantizar el pago completo de las pensiones.

Ello no es óbice para que no se exija a los responsables de los sistemas públicos de pensiones que de forma sistemática elaboren rigurosos cálculos previsionales que den a conocer, con suficiente antelación, el balance de equilibrios o desequilibrios futuros, a fin de tomar con tiempo las medidas correctoras que permitan garantizar su viabilidad. Entre otras, atrasar la edad de jubilación, eliminar jubilaciones anticipadas o aumentar el mínimo de años cotizados para devengar derecho a pensión.

Algunos aducen que como los inmigrantes van a los empleos menos cualificados, con menor productividad y salarios, ello implica una disminución de la renta y el PIB por habitante. Pero aun siendo así, ni empobrecen al país -al contrario-, ni los nativos sufren una detracción en sus ingresos per cápita.

Para terminar, un argumento a nuestro parecer contundente. Históricamente, los países receptores de inmigración han sido países protagonistas de importantes procesos de crecimiento económico. Ello redundó en un incremento notable de su desarrollo y bienestar material del que se beneficiaron nativos e inmigrantes. Es el caso de Estados Unidos, Alemania, Suiza, Chile y ahora España.

Ignasi Farreres es presidente del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 13 de julio de 2006