El juez instructor del caso de la corrupción marbellí envía a prisión a otros dos empresarios

El juez instructor del caso Malaya contra la corrupción en Marbella, Miguel Ángel Torres, dictó ayer prisión incondicional para los empresarios y socios Carlos Sánchez y Andrés Lietor, que, junto al empresario de la plaza de toros de Las Ventas, Fidel San Román, están imputados por cohecho en relación con tráfico de influencias y prevaricación. San Román, abonó a Juan Antonio Roca, supuesto cerebro de la trama marbellí, "casi cuatro millones" en distintas comisiones por convenios urbanísticos firmados con el Ayuntamiento, según un auto dictado por el juez.

Estos pagos se realizaron a cambio de la firma de distintos convenios desde febrero de 2005, según sostiene el juez en el auto de prisión dictado contra el empresario el pasado 30 de junio.

El juez ha comprobado la relación directa entre el pago de comisiones de los constructores al ex asesor urbanístico y supuesto cerebro de la red, y los pagos en sobres que éste realizaba a los ex concejales. San Román firmó el primer convenio entre su empresa Edificaciones Tifan, SL y el Ayuntamiento el 21 de febrero de 2005 para adquirir los aprovechamientos urbanísticos pertenecientes al sector llamado Huerta de los Casimiros.

Al día siguiente y sin dilación, "San Román paga al señor Roca 913.000 euros, que el mismo día se reparte entre los distintos miembros de la corporación, de modo que a la aportación del promotor sigue el reparto entre los distintos concejales y Roca de los correspondientes sobres, con identificación expresa de cada uno de los concejales", indica el juez en el auto. La pirámide de corrupción estaba encabezada por la ex alcaldesa Marisol Yagüe, la ex primera teniente de alcalde Isabel García Marcos y el andalucista Carlos Fernández, actualmente en busca y captura.

"Se ha podido comprobar los pagos o gastos de Roca que se recogen en los documentos, pagos realizados bien directamente, o destinados al pago de las nóminas y gastos en sus sociedades", añade el magistrado.

El juez tiene estipulados los numerosos pagos de San Román gracias a la detallada contabilidad que llevaba Roca sobre los sobornos aportados por los constructores. "San Román ha pagado sobre todo por la aprobación del proyecto de ejecución de los edificios de la Atalaya de Río Verde, que disponía de una licencia de proyectos básicos contraria al plan de 1986, que califica el suelo de no urbanizable y las posteriores licencias de primera ocupación absolutamente ilegales, algunas concedidas por silencio administrativo", sostiene el juez.

"Hay que recordar que los edificios están situados en una zona que según el plan de 1986 era en parte no urbanizable, y se obtuvo en el año 2002 licencia conforme a un plan que no llegó a existir que era el plan de 1998". A continuación, el juez detalla la metodología impuesta por Roca en el urbanismo: "La licencia concedida en este caso no se revisa, sino que el 24 de febrero de 2005 se aprueba el proyecto de ejecución que era ilegal y contrario al plan vigente de 1986. Según la contabilidad de Roca, en febrero de 2005 Fidel aportó 1.075.000 euros al señor Roca", dice el auto.

Con Roca al frente del área de Urbanismo, el consistorio ignoró por sistema el único PGOU vigente, que data de 1986, e impuso un caos urbanístico sin freno. Las irregularidades dieron como resultado unas 30.000 viviendas impugnadas en los tribunales, muchas de ellas construidas por los empresarios detenidos en la Operación Malaya. Estos convenios se incluyeron en la revisión del PGOU que realizó el gobierno del fallecido alcalde Jesús Gil, pero que nunca entró en vigor porque la Comisión de Urbanismo, dependiente de la Junta de Andalucía, lo rechazó en julio de 1998. Así, desde 1997 Roca dio licencias de obras y permitió construcciones sin los preceptivos informes jurídicos y al amparo de un planeamiento que nunca entró en vigor.

Posteriormente, el auto especifica la licencia de primera ocupación obtenida por San Román gracias a Roca pese a los informes contrarios de los servicios jurídicos municipales. "Pese al informe absolutamente contrario de la asesora de urbanismo Raquel Escobar, se concede la licencia el 10 de marzo de 2005". San Román aportó ese mismo mes 600.000 euros a Roca. Según la contabilidad del supuesto cerebro de la red, en mayo de 2005 San Román aportó 209.000 euros, en noviembre 100.000 euros y en diciembre 900.000 euros.

El juez justifica la prisión incondicional para el empresario debido a la huida del ex edil del PA Carlos Fernández. "No resulta disparatado pensar en que puede sustraerse a la acción de la justicia ya que Carlos Fernández, sabiendo la orden de detención en su contra, se ha dado a la fuga", añade.

El juez dictó ayer prisión incondicional para los dos empresarios y socios Carlos Sánchez y Andrés Lietor, que se presentaron a declarar tras ser requeridos y buscados por orden del juez y que alegaron la semana pasada que estaban en viaje de negocios en la República Dominicana.