La Fiscalía cree que hay suficientes elementos ya para procesar a Fabra

La Fiscalía General del Estado considera que los elementos que hasta ahora se han aportado en la instrucción del llamado caso Fabra son suficientes para procesar al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, acusado de la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública y un presunto fraude fiscal. En cualquier caso, el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, que representa al ministerio público, aún no ha solicitado a la titular del juzgado número 1 que dicte auto de procesamiento. De hecho, aún existe un listado de pruebas aprobadas, tanto documentales como testificales, que aún no se han practicado, con lo que, según las previsiones, la instrucción podría demorarse un año más. Entre otras cosas, está pendiente el interrogatorio al propio Fabra por el presunto delito fiscal, sobre el que se negó a responder hasta que la Audiencia resolviera uno de los múltiples recursos que ha presentado en el proceso. La Audiencia determinó que debía ser la titular del número 1 la que le tomara declaración por este presunto delito, pero la juez aún no ha señalado el día en el que se llevará a cabo este interrogatorio.

También están pendientes las declaraciones de los cuatro ex ministros de José María Aznar (Juan Posada, Miguel Arias Cañete, Celia Villalobos y Juan Costa) que, de una manera u otra, se vieron implicados en las supuesta mediación de Fabra para tratar de conseguir acelerar la autorización de fabricación de productos fitosanitarios. En cualquier caso, la Fiscalía apunta que los ingresos injustificados y detectados por la Agencia Tributaria, y la participación de Carlos Fabra en encuentros en los que se trató la tramitación de fitosanitarios son suficientes para dictar el procesamiento y, en su día, iniciar un juicio oral. La instrucción se inició en 2003 cuando el empresario Vicente Vilar acusó a líder del PP en Castellón de cobrarle cantidades millonarias a cambio de mediar ante la administración central para tratar de agilizar autorizaciones de fabricación para sus productos fitosanitarios.