El alcalde de Villanueva del Pardillo, acusado de prevaricar en favor de su esposa

Juan González Miramón, alcalde del PP de Villanueva del Pardillo (10.721 habitantes), acudió ayer a los juzgados de San Lorenzo de El Escorial, donde una juez esperaba su declaración sobre un presunto delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta). La comisión municipal de gobierno, con el voto del alcalde, había autorizado la urbanización de un terreno de 74 hectáreas (500 chalés) sin el preceptivo plan parcial. Entre los propietarios del suelo estaba la esposa del regidor, que también fue llamada ayer a declarar. El juez ha paralizado las obras.

En lugar de redactar un plan parcial para desarrollar las parcelas (zona denominada Las Vegas), tal como exige la Ley del Suelo de la Comunidad y el propio Plan General de Villanueva del Pardillo, González Miramón encargó un informe urbanístico a cuatro asesores externos al Ayuntamiento.

Todos recomendaron lo mismo: no era necesario realizar el plan parcial. Pero entre esos asesores contratados se encontraba José Luis González Sabariego, que es abogado de la constructora que está levantando los chalés. Un hecho que el fiscal de Urbanismo, Emilio Valerio, ya advirtió a la juez que lleva el caso.

"El alcalde ha actuado conforme a la ley en todo momento, y si ha cometido irregularidades, se debe a que no es un experto en urbanismo", declaró ayer Alfonso Travelle, abogado del regidor. González Miramón es presidente de la Sociedad Urbanística Municipal y, además, ha asumido las funciones de la concejal de Urbanismo del municipio, por lo que es la máxima autoridad municipal en esta materia. Lleva 15 años consecutivos siendo alcalde de la localidad.

Tres millones de pesetas

El alcalde, por su parte, negó ante la juez haber autorizado la urbanización para beneficiar a su esposa, propietaria del 1,5% del terreno. Sin embargo, rechazó hacer declaraciones a este periódico.

"Compré las tierras en 1988 por tres millones de pesetas [18.000 euros] con un dinero que me dieron mis padres", declaró ayer ante la juez María Isabel Quebrada Torres, esposa de González Miramón. La mujer del regidor es uno de los 232 propietarios que aceptaron urbanizar sus tierras. Sólo cuatro votaron en contra del convenio que les presentó el Ayuntamiento el 16 de marzo de 2003. La ausencia de un proyecto urbanístico específico para Las Vegas supone "un grave perjuicio para los intereses públicos y sociales", declaró ante la juez el pasado 19 de junio el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto Rey.

"González Miramón no se abstuvo cuando se aprobó la urbanización a pesar de que su esposa era propietaria de una parte de los terrenos. Eso demuestra la conducta prevaricadora del alcalde", según César Canora, abogado que presentó hace un año la querella que motivó la investigación judicial y representante de la acusación particular.

"Es una querella política", replicó ayer en el juzgado el abogado municipal de Villanueva del Pardillo, Esteban Hidalgo. El letrado cree que detrás de la querella hay "intereses partidistas de los concejales socialistas, que no han denunciado al alcalde porque les interesa urbanizar la zona, pero que quieren desgastarlo". Lo dijo ayer a escasos metros de Eduardo Fernández, secretario general del PSOE en la localidad, que quiso apoyar a los denunciantes para "limpiar de especulación el municipio".

La querella ha conseguido que la juez del Juzgado de Instrucción número 2 de San Lorenzo de El Escorial paralice cautelarmente las licencias de obra ya concedidas y el otorgamiento de otras nuevas "hasta que se realice un plan parcial", según informó ayer el alcalde en una carta que envió a los propietarios de Las Vegas.

No es la primera vez que González Miramón acude a un juzgado. En 1997, un juez de la Audiencia Provincial ordenó su inhabilitación por dos meses por un delito de prevaricación: por presionar al dueño de un restaurante arrendado en una finca municipal.

No fue la última ocasión que tuvo el regidor para declarar ante un juez. En 2003 fue juzgado de nuevo. Esta vez por tráfico de influencias. Adjudicó a la empresa de un primo suyo un contrato de limpieza municipal. Esta vez resultó absuelto, el juez consideró que su actuación sólo contenía "un aire fraudulento".

Ayer volvió a declarar acusado de prevaricación. Los denunciantes piden su inhabilitación y una multa de nueve millones de euros.