La Eurocámara considera una "emergencia" la afluencia de menores inmigrantes a Canarias

Canarias "tienen un problema real de llegada masiva de inmigrantes", y la situación de los menores extranjeros no acompañados (hasta ayer unos 400) "es una auténtica emergencia", según concluye el informe redactado por la delegación oficial de eurodiputados adscritos a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, tras una gira que efectuaron sus miembros a las islas de Tenerife y Fuerteventura en junio para conocer el impacto de la inmigración. Un nuevo cayuco llegó ayer a la Gomera con 104 subsaharianos de los que tres fueron hospitalizados.

El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, también cuestiona al Gobierno español sobre determinados aspectos de la asistencia letrada a los inmigrantes, el acceso de ONG a los centros y los métodos utilizados para determinar si un individuo es adulto. Los eurodiputados visitaron los centros de retención y campamentos militares de estas dos islas, en una expedición similar a las organizadas para conocer los centros de Lampedusa -pequeña isla italiana adonde llegan miles de inmigrantes en barcas desde Túnez y Libia-, Ceuta, Melilla, París y Malta.

La Comisión de Libertades plantea al Ejecutivo español en su documento que haga posible que los extranjeros reciban asistencia letrada no sólo al llegar -como constataron que se efectúa "correctamente"- sino durante el plazo de 40 días de retención. También cuestiona que los medios judiciales al servicio de los inmigrantes sean suficientes.

Los ocho eurodiputados solicitan más información sobre el proceso que se sigue con los ciudadanos extranjeros no africanos y qué campañas pueden iniciarse para fomentar la integración laboral de mujeres africanas para evitar que caigan en redes de prostitución. Entre las siete preguntas que se plantean al Gobierno español también está la posibilidad de que todas las ONG accedan libremente a los centros de retención y campamentos militares provisionales.

Respecto a los menores extranjeros no acompañados llegados en pateras y cayucos, la delegación del Europarlamento cuestiona la fiabilidad de la técnica basada en comprobar si el hueso de la muñeca presenta caracteres propios de una persona adulta para determinar si un individuo tiene más de 18 años, y pregunta al Gobierno español si tiene intención de buscar una solución mejor a este problema.

"La situación de los menores es de auténtica emergencia", recoge el documento en sus conclusiones, donde también queda expresada la voluntad del Gobierno de Canarias de asumir la custodia de hasta 250 niños y adolescentes y proponer la distribución de todos los demás por la Península.

"La delegación considera que la UE debe aportar expertos y financiación, en especial respecto a los procesos de identificación, además de ayuda psicológica" para este grupo de indocumentados más desprotegidos. Sólo en 2005, el Gobierno de Canarias asegura haber empleado "más de seis millones de euros" en la atención a estos menores extranjeros.

El informe concluye que los centros de retención de inmigrantes "están bien dirigidos, limpios, cubren bien las necesidades de sus huéspedes" y felicita a las autoridades españolas "por haber sabido solventar muy bien una situación tan difícil".

Los campamentos de Tenerife "están saturados", aunque "no se encontraron individuos que hubieran estado alojados largos periodos de tiempo", por lo que los eurodiputados interpretan que "funciona bien" la derivación hacia la Península "después de los 40 días" de retención. "Queda por aclarar si se ejecuta o no esa orden de expulsión", matiza el documento.

La delegación reconoce "el considerable esfuerzo" por digitalizar la vigilancia costera que permite identificar los botes con antelación suficiente para evitar naufragios y pérdidas de más vidas, aunque reconoce que el siguiente paso debe consistir en evitar que zarpen de la costa africana y destruir "el rentable negocio de los traficantes". Los inmigrantes subsaharianos que hablaron con la delegación de eurodiputados en los centros de Tenerife y Fuerteventura reclamaron más cantidad de comida -en la actualidad varias empresas locales suministran tres veces al día bandejas de catering similares a las de los aviones-.Estos extranjeros reconocieron haber sido informados sobre sus derechos, aunque se quejaron de llevar puesta "desde hace más de tres semanas" la misma prenda de ropa que le suministró Cruz Roja al llegar a la costa. Además, los que no tienen dinero solicitan poder hacer alguna llamada a su familia.Todos reconocieron haber llegado en cayucos, pero no a través de una red de pasadores u otro tipo de organización, sino, junto a otros 80 compañeros, autofinanciando el viaje "con unos 150.000 francos CFA" -la equivalencia a unos 229 euros demuestra que no dicen la verdad o que el informe tiene una errata y la cifra correcta es 1.500.000 CFA, equivalente a unos 2.290 euros-.

Sí revelaron que la forma de llegar a Canarias es "seguir la ruta de pesqueros al menos 15 días", y que su único objetivo es trabajar en España; "prefieren morir a regresar a su país", porque "sus familias han vendido todo lo que tenían para que uno o dos miembros viajen a un país europeo", subraya el informe.