ELA asegura que la Ley de Suelo no facilitará el acceso a la primera vivienda

El sindicato nacionalista ELA, con un representación superior al 40%, aseguró ayer que la Ley del Suelo, aprobada el pasado viernes en el Parlamento, no va a solucionar los problemas del sector y, en especial, los de acceso a la primera vivienda de los jóvenes y desfavorecidos. "Una ley tiene que haber, pero esta Ley de Suelo no va a garantizar el derecho de acceder a una vivienda", indicó Julene Gabiola, del gabinete de estudios de ELA. Aseguran que se ha perdido una oportunidad y que durante la tramitación se ha cedido ante los "muchos intereses".

ELA aseguró ayer que la nueva Ley ha reducido las reservas de suelo urbanizable para Vivienda Pública Protegida (VPO) y señalaron que, aunque haya aumentado el suelo destinado a vivienda tasada, "no es igual que la vivienda protegida". "Durante la tramitación del proyecto hemos visto cómo el planteamiento inicial del Departamento de Vivienda ha ido mermando en la negociación entre los socios del Gobierno y con la oposición y se ha visto la lucha de intereses existente por repartirse la gran tarta económica que supone este sector", señalaron.

La nueva Ley del Suelo es el proyecto estrella del departamento que dirige Javier Madrazo (EB). Se aprobó el viernes en el Parlamento con el apoyo de los socialistas vascos. Madrazo, espera que en los próximos tres años sea factible construir en Euskadi "al menos" 22.000 casas protegidas, ya sea de alquiler, VPO o de precio tasado. Según Madrazo, en 2007 se construirán 6.600 pisos protegidos en cualquiera de las tres modalidades. Al año siguiente la cifra subirá a 7.200 y en 2009, a 8.000 viviendas, lo que daría la previsión de 22.000 para lo que queda de legislatura. El consejero contrapuso esta actividad a la de 2001, cuando se hizo cargo del departamento, cuando se construían 2.500 viviendas protegidas anuales, cifra que se elevado a 5.000 en el período 2002-2005.

87.000 de demanda

En el informe sobre la situación de la vivienda en el País Vasco, señala ELA que, según datos obtenidos de distintas fuentes, la demanda de viviendas en esta comunidad autónoma se sitúa en más de 87.000, mientras que la oferta no llega a las 16.000, lo que origina un déficit de 71.000 viviendas. Esta diferencia para ELA "tiene una importante incidencia en el aumento de los precios de las viviendas".

Según ELA, existen en la Comunidad Autónoma Vasca unas 86.000 viviendas vacías y criticaron que las instituciones responsables de esta materia no atajen esta situación, cuando, en su opinión, "no haría falta construir más viviendas nuevas si se sacasen al mercado las vacías, con las que se daría respuesta a la demanda existente". Los responsables de ELA señalaron también que el mayor obstáculo que encuentran los jóvenes vascos a la hora de acceder a una vivienda es el de "las malas condiciones laborales" que sufren, ya que el 37,8% de los jóvenes necesitados de comprar una vivienda trabajan con contrato temporal y el 2,2% están en paro.

Lamentaron también que la oferta de viviendas libres en alquiler haya disminuido un 45% en Euskadi desde 1996 y que tan sólo el 17% de las protegidas que se construyen en el País Vasco se destinen a este mercado. Informaron también de que, según datos del último trimestre de 2005, la renta media de alquiler en el País Vasco es de 793 euros. El coste de venta de una vivienda libre (promediados los costos de las nuevas y las de segunda mano) es de 285.000 euros, cuando el precio que puede pagar la mayoría de los vascos es de 143.000 euros.

Este desfase conlleva, según los datos del informe de ELA, que los jóvenes vascos tengan que enfrentarse a una hipoteca media de 112.000 euros, lo que supone destinar a este efecto el 40,4% de sus ingresos. Por este motivo, ELA propone que se aumente el gasto público de las instituciones vascas en vivienda del 0,3% del PIB actual al 2%, que la oferta de viviendas protegidas llegue a las 20.000 anuales y que se saquen al mercado las vacías, aunque sin especificar la fórmula que deberían emplear las instituciones para ello.

Consideran que también ayudaría a resolver el problema del derecho al acceso a una vivienda el destinar todas las viviendas públicas que se construyen al alquiler; que la intervención de las instituciones en el mercado de la vivienda se haga vía incremento del gasto público y no de las desgravaciones fiscales, como hasta ahora; y que se exija más transparencia al mercado inmobiliario tanto público como privado.