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Editorial:

Primacía del Estado

El agua es un bien precioso y escaso en un país como España. Más aún en periodos de sequía como el actual y cuando se están ya pagando las consecuencias del salvaje desarrollo urbanístico y la explotación al máximo de los acuíferos. Por tanto, la solidaridad y la cooperación interterritorial deberían primar, pero nadie lo diría a juzgar por lo visto meses atrás con la guerra del agua entre Castilla-La Mancha y Murcia o los proyectos estatutarios de algunas regiones. Ninguna comunidad autónoma que se precie quiere ser menos que las demás y exige los mismos privilegios que las vecinas sobre los recursos hídricos. A veces, hasta caer en el absurdo de pretender la exclusividad de una cuenca hidrográfica que transcurre también por otros territorios o incluso rebasa el territorio nacional. Un poco de sensatez no estaría mal, por lógico que sea que las comunidades traten de obtener las máximas competencias de gestión sobre el agua.

Controlar los ríos se ha convertido en el objetivo de los estatutos de autonomía que ya han sido aprobados o que están pendientes de ratificación por el Parlamento nacional, así como por los que aún están en fase de elaboración. Primero fue Cataluña, pretendiendo blindar las aguas del delta del Ebro; luego lo hizo Andalucía, reclamando la exclusividad del Guadalquivir; más tarde, Valencia; ahora, Aragón, que quiere asegurarse una provisión anual de 6.550 hectómetros cúbicos alegando su condición preeminente en la cuenca del Ebro; y, finalmente, está tomando carrerilla Castilla y León, con el Duero.

El Estatuto catalán fue corregido en este sentido cuando llegó al Congreso de los Diputados. Se sustituyó la exigencia inicial de que debe existir un informe "determinante" por "preceptivo" de la Generalitat catalana para cualquier trasvase de las aguas excedentarias del Ebro. En el caso del texto valenciano, también se modificó el articulado original de manera que el derecho a la redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias se hará "de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal". Es previsible que igual sucederá cuando el Parlamento discuta próximamente el Estatuto aragonés. De ahí que todos los nuevos estatutos deban estar sujetos a la preeminencia del Estado sobre los recursos hídricos.

En el horizonte se vislumbra, sin embargo, un panorama preocupante e insolidario, pues ninguna comunidad autónoma admite que le sobra el agua. Todo ello hace muy conveniente y urgente el proyecto del Gobierno de presentar una ley de bases que fije las competencias en la planificación hidrológica y establezca la primacía estatal en la política de aguas, así como instrumentos de cooperación con las comunidades.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de julio de 2006