Las reformas de los estatutos provocan el anuncio de 16 recursos ante el Constitucional

El año 2007 puede ser el de la revisión judicial de la España plural, si se presentan todos los recursos de inconstitucionalidad que se han anunciado contra las reformas estatutarias en marcha. Todavía no hay ninguno sobre la mesa del alto tribunal, pero amenazas no faltan. Por diversas declaraciones, políticas e institucionales, se pueden anticipar hasta 16 recursos en los que el Tribunal Constitucional daría la última palabra sobre antiguos litigios que los proyectos de estatutos han hecho sangrar, como la gestión del agua o del Archivo de Aragón. Nunca antes, según fuentes del Constitucional, se había planteado un recurso de inconstitucionalidad contra un estatuto de autonomía.

El único Estatuto rechazado en su totalidad es el catalán, por parte del Partido Popular. El PP, que ya presentó un recurso de amparo al alto tribunal por la forma de tramitación del texto, ha mantenido una oposición frontal al proyecto en todas sus etapas. Presentó una enmienda a la totalidad en el Congreso y una enmienda de veto en el Senado, ambas rechazadas. El líder popular, Mariano Rajoy, anunció que este mes de julio presentará el recurso de inconstitucionalidad para anular el texto refrendado en las urnas el pasado 18 de junio.

El defensor del pueblo, Enrique Múgica, lleva anunciando la posibilidad de recurrir el Estatuto catalán desde que era un proyecto, y recientemente ha confirmado que lo sigue estudiando. El presidente de La Rioja anunció también que sus servicios jurídicos estudian la posibilidad de un recurso contra este Estatuto por "el blindaje de competencias, la financiación autonómica y los supuestos derechos de Cataluña sobre el Ebro".

Pero la apertura de procesos de reforma de estatutos ha abierto además litigios entre comunidades autónomas a cuenta de los derechos que se arrogan en sus respectivos proyectos. La gestión de los recursos hídricos es un punto tratado en todos los proyectos, y ha enfrentado seriamente a casi todas las comunidades que comparten cuenca hidrográfica.

El pasado jueves, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron recurrir el Estatuto de la Comunidad Valenciana, ya en vigor, porque en su artículo 17 recoge el derecho a reclamar el agua sobrante de cuencas excedentarias cercanas. El PP, que gobierna en Valencia, se unió al PSOE castellano-manchego en esta resolución.

Aragón también ha anunciado su intención de recurrir este mismo punto, porque en su opinión abre la puerta a otro trasvase del Ebro. A su vez, el portavoz del Gobierno valenciano ha anunciado que recurrirán el Estatuto de Aragón si se aprueba en los términos actuales del proyecto, ya que en su opinión "dificulta la realización de cualquier tipo de trasvase o utilización de aguas excedentarias, estableciendo requisitos especiales".

La gestión del agua es la razón de ser de las incompatibilidades entre estatutos. Las aspiraciones exclusivistas de las comunidades se ven limitadas por la realidad de que dependen de los mismos ríos, que no entienden de fronteras. En general, prevalece el principio de que mi río es mío y el de mi vecino es de todos.

Así, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia se ven afectadas por la pretensión andaluza de gestionar en exclusiva la cuenca del Guadalquivir. Murcia y Extremadura han amenazado con recurrir el proyecto andaluz por esta cuestión. De la misma forma, Castilla-La Mancha quiere que el Tajo y el Júcar se controlen desde Toledo y que se anule el trasvase Tajo-Segura. Aragón, Extremadura y Murcia no están dispuestas y han formulado la misma amenaza.

Aparte del agua, dos autonomías, Aragón y Baleares, se plantean recurrir por la siguiente frase del Estatuto de Cataluña: "Los fondos propios de Cataluña situados en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona se integran en el sistema de archivos de Cataluña". Este archivo histórico es compartido por Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares.

Ante el Tribunal Constitucional pueden presentar recurso el presidente del Gobierno, 50 diputados, 50 senadores, el Defensor del Pueblo, un Gobierno autónomo o un Parlamento autónomo. El plazo para recurrir es de tres meses después de la publicación de la ley. Agosto es mes hábil. Por tanto, este verano deberían presentarse todos los relativos a los estatutos de Cataluña y Valencia, ya aprobados. El Constitucional suele tardar alrededor de un mes más en decidir si lo admite a trámite. En este caso, se da traslado a las partes, que tienen 15 días prorrogables a 25 para presentar alegaciones. A partir de ese momento, ya se puede dictar sentencia, pero fuentes del alto tribunal consideran que llevaría "como mínimo un año". También advierten de que "hay asuntos pendientes desde 1997".