El TVCP evita una censura tajante por las irregularidades del matadero

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) reconoce la existencia de irregularidades en la liquidación del matadero municipal de Bilbao, como el "encarecimiento" del pago a los trabajadores "sin soporte alguno que lo justifique", y que no se cumplió el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento. Pero evita una censura tajante de los incumplientos, lo que ha llevado al voto contrario de tres de los siete consejeros.

El órgano fiscalizador difundió ayer el informe definitivo del proceso de disolución del matadero de Bilbao, que pasó a manos privadas hace poco más de un año. El documento evidencia las cada vez mayores disensiones internas en el organismo, que en los últimos años se ha politizado y ha abandonado el consenso histórico en sus decisiones. En este caso, el informe se ha aprobado con cuatro votos a favor, los de los consejeros propuestos por el PNV y EA, y los particulares contrarios de dos del PSE y uno del PP. Esta situación ya se ha producido anteriormente, pero la novedad del informe del matadero es que se ha modificado sustancialmente el texto elaborado por la consejero ponente, Begoña López Errasti.

Los cambios han minimizado las irregularidades en la extinción de los contratos de los 57 trabajadores del matadero, que tuvieron un coste para el Ayuntamiento de casi 3,6 millones de euros, cuando un informe económico elaborado para justificar la disolución fijó el coste de la salida de los trabajadores en menos de 900.000 euros. El informe aprobado señala que esto supone "un encarecimiento del coste", sin que "conste soporte alguno que lo justifique".

El órgano fiscalizador, que preside María Asunción Macho, explica que cabía la posibilidad de la prejubilación de 17 trabajadores "con un coste de 890.000 euros" y cita el caso de un empleado al que se indemnizó el mismo día que cumplía 65 años y, por tanto, tenía ya el derecho a la pensión de jubilación. El tribunal cita, aunque sin realizar ninguna valoración ni censura de ello, que los 3,6 millones fueron pagados por el Ayuntamiento merced a un acuerdo, adoptado en el pleno del 28 de abril de 2005, que establecía indemnizaciones "por jubilación anticipada" del personal del matadero.

Bajas en vez de jubilaciones

Agrega que, en lo que supone un incumplimiento del acuerdo, la cantidad abonada ha "correspondido en su totalidad a bajas incentivadas y no a jubilaciones anticipadas". El informe del tribunal cita también el caso de la máxima indemnización, de 302.000 euros, concedida al antiguo gerente, que ni siquiera figuraba en el acuerdo del Ayuntamiento con los trabajadores.

Los consejeros nombrados por el PSE y el PP incluyen un voto particular cada uno. El texto de la ponente Begoña López Errasti, al que se suman los otros dos consejeros (Rafael Iturriaga y Gonzalo Vera-Fajardo), señala que se ha "alterado sustancialmente" el informe provisional. Añade que el acuerdo de las indemnizaciones no ha sido aprobado ni por el consejo ni la junta general del matadero y señala que la extinción individual de los contratos, en vez abordar un proceso de regulación de empleo por despido colectivo, "resulta escasamente rigurosa desde el punto de vista empresarial y económico".

Los tres consejeros destacan que no existe ningún "soporte que justifique la decisión tomada" y que carece de "un mínimo estudio" sobre soluciones ligadas a prejubilaciones, que podía haber reducido los costes. En sus votos particulares, se refieren al oscurantismo de la operación, ya que no existe ninguna constancia escrita del acuerdo en los expedientes de la sociedad del matadero.

Concluyen que el proceso de disolución "no ha sido transparente ni ha garantizado el principio de buena administración" de los acuerdos en los que está implicado el sector público.