PSOE e IU delimitan su reivindicación sobre el Guadalquivir para sortear posibles escollos

El debate de la comunidad no sirvió para que PSOE y populares acercaran posiciones con vistas a la tramitación en el Congreso de la propuesta de reforma del Estatuto. Por el contrario, socialistas e IU reforzaron su alianza al apoyar los primeros una propuesta de la federación en la que se esboza una salida a la reivindicación de la cuenca del Guadalquivir, al excluir de esa competencia los tramos que discurren por otras comunidades. Aunque todo queda en manos de las Cortes y la dirección federal del PSOE y el Gobierno quieren subrayar la prevalencia del Estado, la propuesta apunta a una posible solución.

Las dos jornadas del debate se cerró como viene siendo habitual en los últimos años. La mayoría absoluta del PSOE tumbó las 35 propuestas de resolución del PP y los populares tampoco apoyaron las presentadas por sus adversarios. De las 140 iniciativas presentadas, se aprobaron un total de 47: todas las del PSOE, tres de IU y nueve del PA.

La más significativa desde el punto de vista político es una de IU sobre el río Guadalquivir. En cierto sentido, esta iniciativa apunta a una solución con vistas al debate en el Congreso de las enmiendas a la propuesta de reforma del Estatuto de Andalucía en el mes de septiembre.

El artículo 50 de la proposición otorga a la comunidad la competencia exclusiva sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, aunque "sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente y de las obras públicas de interés general". Es decir, acatando la ley estatal.

La principal preocupación de IU, que es contraria a dar mayor margen de maniobra al Estado en esta materia, es que las tres comunidades por las que discurre en menos de un 10% la cuenca del Guadalquivir planteen un recurso al Tribunal Constitucional, lo que provocaría el bloqueo del traspaso para unos cuantos años. De hecho, abogan porque se establezcan "fórmulas de gestión" con Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia

La propuesta señala a una solución cuando en el mes de septiembre se negocien las enmiendas, aunque la dirección federal del PSOE y el Gobierno quieren que en la redacción final quede clara la prevalencia del Estado en esta materia.

Socialistas e IU también votaron juntos iniciativas de apoyo al texto de reforma aprobado por el Parlamento de Andalucía el pasado 2 de mayo y además en el sentido de que no se produzca ningún retroceso.

En saco roto

Las iniciativas del PP cayeron todas en saco roto por la oposición sistemática del grupo que tiene la mayoría absoluta. El PP registró una propuesta que recogía la oferta de Chaves de ampliar a dos tercios de la Cámara la mayoría necesaria para la reforma del Estatuto, pero con la condición de que se aplique esta proporción a la actual. Según explicó su portavoz, Antonio Sanz, su grupo es consciente de que el texto en tramitación en el Congreso ha pasado ya esa fase, por lo que, dijo, de prosperar tal propuesta -que no fue el caso- tendría un carácter político.

Los populares plantearon también que todas las fuerzas trabajen para lograr un consenso en el trámite de su aprobación, para que logre al menos el mismo grado de acuerdo que el Estatuto andaluz actualmente vigente; la no coincidencia de los comicios andaluces con cualquier otro; y la limitación del mandato del presidente de la Junta a dos legislaturas consecutivas.

La consigna de recíproca ignorancia y boicoteo entre los dos partidos mayoritarios dio como resultado que una propuesta sobre el Guadalquivir, en similares términos a los expresado por Manuel Chaves el día anterior, fuera igualmente rechazada.

Las votaciones dejaron también al descubierto el cambio de posición de los socialistas sobre la llamada deuda histórica y la policía autonómica. Hace justo un año, en otro debate de la comunidad, el PSOE respaldó una propuesta del PA en la que se instaba al Gobierno andaluz a "proceder a la evaluación de la deuda y acordar con el Gobierno central un calendario de pago en el ejercicio", es decir, en el actual curso político.

Ahora, los socialistas dejan el corto plazo y apuestan porque se fije una vez aprobada la reforma estatutaria a partir de febrero de 2007. Los Gobiernos de Chaves y de Rodríguez Zapatero tan sólo han mantenido una reunión oficial sobre el pago de las asignaciones extraordinarias a la comunidad en cumplimiento de la actual disposición adicional segunda del Estatuto. Fue en el mes de diciembre y la reunión de la comisión mixta apenas duró media hora.

La oposición pasó casi de puntillas por esta contradicción, ya que sus enfoques políticos apuntan hacia otros asuntos.

El PSOE también votó en contra de una propuesta de Izquierda Unida en la que se instaba al Gobierno a presentar en esta legislatura la ley de la Policía Autonómica. Ese proyecto -presentado a finales de 2003 sin tiempo para su tramitación- fue comprometido por Chaves al inicio de su quinto mandato. El socialista aseguró que el proyecto se debatiría "con tiempo suficiente" para aprobarlo en la actual legislatura.