Una decisión adoptada por unanimidad

La decisión adoptada ayer por la Comisión Arbitral fue por unanimidad. Los siete miembros que la integran aceptaron la tesis de que el recurso se ha presentado fuera del plazo establecido por la ley. La Comisión, creada para dirimir los conflictos de carácter competencial entre las instituciones comunes (Gobierno y Parlamento) y las forales (diputaciones y juntas generales), está integrada por siete personas. Junto al presidente, hay tres personas nombradas a propuesta del Gobierno vasco y otras tres designadas por las diputaciones (una por cada Gobierno foral). De esta forma, la diputación alavesa cuenta con un representante, que en este caso es el jurista Fernando Campo.

Una vez agotada la vía de la Comisión Arbitral, la diputación alavesa tiene ahora la posibilidad de recurrir el proyecto, una vez aprobado, ante el Tribunal Constitucional a través de una iniciativa que tendría que reunir las firmas de cincuenta diputados o senadores de las Cortes Generales. Otra vía sería que un particular presente un recurso ante los tribunales de lo contencioso administrativo una vez que se adopten decisiones basadas en el proyecto y adujeran que la misma es anticonstitucional. En ese caso, esos mismos tribunales tendrían que elevar la cuestión al Tribunal Constitucional si consideran que efectivamente se puede esta vulnerando la Constitución.

En los últimos meses, la diputación que preside Ramón Rabanera se ha prodigado en la presentación de cuestiones de competencia contra proyectos de ley aprobados por el Gobierno. Precisamente, en la reunión del pasado lunes, en la que la Comisión Arbitral optó por aplazar hasta ayer su decisión, este organismo admitió a trámite el recurso presentado contra el proyecto de ley de bibliotecas. Anteriormente, la Comisión tuvo que lidiar con el proyecto de ordenación vitivinícola y con el de aguas. En este último caso, la cuestión de competencia planteada por Álava llegó a paralizar la tramitación e impedir su aprobación durante la legislatura pasada. Al final, la Comisión terminó por darle la razón al Gobierno, pero ya era tarde porque se había disuelto la Cámara por la convocatoria anticipada de las elecciones autonómicas. El Ejecutivo remitió el mismo proyecto de aguas al comienzo de esta legislatura y fue aprobado en el pleno del Parlamento celebrado el pasado viernes.