Cuatro de los constructores detenidos han incumplido órdenes de paralización de obras

Al menos cuatro de los constructores detenidos en la segunda fase de la Operación Malaya por corrupción urbanística en Marbella han ejecutado obras contrarias al ordenamiento urbanístico y han incumplido órdenes de paralización de las mismas dictadas por órganos judiciales. La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga tiene abiertas diligencias por desobediencia contra varias promotoras del grupo presidido por el empresario granadino José Ávila Rojas, y contra una sociedad de Tomás Olivo, que llegó a Marbella de la mano de Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la trama.

Los 13 empresarios de la construcción detenidos por orden del juez Miguel Ángel Torres están imputados por un presunto cohecho. La mayoría de ellos fueron beneficiados por el consistorio con licencias de obras que atentaban contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, permitiéndoles construir en zonas verdes y reservadas para equipamientos, o bien con densidades de edificación superiores a las permitidas o sin tramitar los preceptivos planes de desarrollo sectoriales.

Cuando en el año 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) comenzó a dictar órdenes de paralización cautelar de las obras cuyas licencias eran impugnadas, algunos promotores optaron por desoírlas y el Ayuntamiento por hacer la vista gorda.

En este sentido, es significativa la tercera ampliación del centro comercial La Cañada, promovido por Europea de Complejos Comerciales, sociedad de Tomás Olivo, empresario, como Roca, de origen murciano que ha amasado una gran fortuna durante los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL). Las licencias para las nueve naves de la ampliación fueron concedidas por decreto por Julián Muñoz, sin ningún trámite urbanístico ni recabar informes técnicos y jurídicos. Por ello, el TSJA ordenó paralizar las obras, pero la promotora hizo caso omiso hasta que la Junta conminó a la alcaldesa, Marisol Yagüe, a que precintara las obras. Para cubrir las apariencias, ésta firmó un decreto el 30 de septiembre de 2003, pero hasta dos meses y medio más tarde, el 14 de diciembre, no se lo envió a la promotora. Para entonces, las obras ya estaban casi concluidas. La fiscalía abrió diligencias por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial.

Una de las constructoras que más ha operado en estos años en Marbella es Ávila Rojas, uno de los grupos inmobiliarios más potentes de Andalucía. Distintas sociedades de este grupo -Turismo y Recreo Andaluz (Turasa), Naviro Inmobiliaria, Naviro 2000 y Haviland Project- acumulan al menos una docena de procedimientos contenciosos administrativos por construir promociones contrarias al planeamiento, aunque con licencia municipal.

Turasa construyó el complejo Banana Beach, que originó el que fue primer juicio por delito urbanístico contra miembros de la corporación marbellí. Julián Muñoz y otros siete concejales fueron condenados a seis años de prisión por prevaricación por conceder licencia en una zona verde. Apenas un mes después de que se conociera la sentencia, que decretaba también nula la licencia de obra, en mayo de 2005, la corporación presidida por Marisol Yagüe concedió permiso de primera ocupación para las viviendas.

Turasa ha ignorado tres órdenes de paralización de otras tantas promociones que suman más de 200 viviendas, por lo que la fiscalía tiene abiertas diligencias. Además, están impugnadas las licencias de otras tres promociones que suman 418 casas.

Otra sociedad del grupo, Naviro, igualmente investigada por la fiscalía por desobediencia, tiene seis obras con orden de suspensión que suman 511 viviendas y oficinas. Y Haviland Project tiene paralizada una promoción de 48 viviendas.

Además, la gestora ha precintado otras cuatro obras de Naviro Inmobiliaria desde que se constituyó hace dos meses, tres promociones inmobiliarias y un aparcamiento.

Construcciones Salamanca, propiedad del empresario también detenido Emilio Rodríguez Bugallo, presuntamente ha incumplido también una orden judicial de paralización de obras en la promoción Capricho Banús, con 132 viviendas y centro comercial, según fuentes de la gestora. Además, está impugnada una promoción similar en Nueva Andalucía.

El constructor Fidel San Román, arrestado el martes en Madrid por orden del juez Miguel Ángel Torres, dirige Edificaciones Tifon, que promueve en la zona de La Caridad un centro comercial cuyas obras siguen su curso pese a una orden de paralización. También tiene impugnadas las obras de un hotel en la misma zona.

La Reserva de Marbella, promotora del detenido Cristóbal Peñarroya, un conocido empresario malagueño que ya fue condenado a seis meses de cárcel por fraude fiscal en el caso Intelhorce, tiene tres urbanizaciones impugnadas con 135 viviendas, sin que hasta el momento se haya pronunciado el TSJA.

El grupo Aifos, implicado en dos casos de estafa por vender pisos no construidos, tiene en Marbella dos hoteles, Guadalpín y Guadalpín Banús, sin licencia de apertura, y sobre uno de los cuales pesa una denuncia por exceso de edificabilidad. Su director comercial, Francisco García Lebrón, también ha sido detenido.

Quien sí cumplió la orden de paralización de la única promoción que hasta el momento ha intentado en Marbella es el empresario cordobés Rafael Gómez, que sólo hizo los movimientos de tierras para Maravillas de Elviria, donde proyectaba 393 viviendas.