Los delegados de la UE creen que la M-30 debió someterse a un estudio ambiental

Los dos diputados enviados por el Parlamento Europeo para analizar la obra de la M-30, el irlandés Proinsias de Rossa (socialista) y la danesa Margrete Auken (verde), apelaron ayer al sentido común, sin citar leyes concretas, para concluir que un proyecto "de esa magnitud" tendría que haber sido sometido a un estudio de impacto ambiental. No entraron a valorar si existe conflicto jurídico entre la normativa europea (que, según la Comisión Europea, obliga a realizar ese estudio) y la española (que eximió a la M-30 de ese trámite), pero precisaron que, en caso de existir tal conflicto, "la ley europea prevalece". De Rossa y Auken sospechan que la M-30 no pasó estudio ambiental por "un truco" administrativo.

La delegación enviada por la Eurocámara a Madrid -a petición de IU, Ecologistas en Acción y la plataforma vecinal Afectados Nudo Sur- para estudiar las obras de la M-30 tuvo un solo color político, el rojiverde, porque el Partido Popular Europeo decidió no enviar a ningún representante. Proinsias de Rossa y Margrete Auken, que abandonan hoy la capital después de dos agotadoras jornadas, expondrán sus conclusiones el próximo 10 de julio ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y en septiembre entregarán un informe por escrito.

Ese informe no es vinculante, pero ambos señalaron ayer que esperan que la Comisión Europea lo tenga en cuenta. La Comisión envió el pasado abril al Gobierno español una "carta de emplazamiento" en la que le recordaba que, según la legislación europea, el proyecto de reforma de la M-30 debería haber sido sometido a evaluación ambiental, y daba dos meses al Ejecutivo, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para dar explicaciones.

El Gobierno municipal siempre ha argumentado que la M-30 no pasó estudio ambiental porque no era obligatorio según la ley española, que exime de ese trámite a las "vías urbanas". La M-30, inicialmente una carretera, está calificada oficialmente como vía urbana desde que el 4 de marzo de 2004 el Ministerio de Fomento (aún dirigido por el PP) la traspasó al Ayuntamiento.

"Yo cuando vine no tenía ni idea de ese dilema sobre si la M-30 es una calle o una carretera. Pero esto no tiene que ver con denominaciones, sino con la legislación europea y el tamaño de la obra. No me explico cómo alguien puede siquiera pretender que un proyecto de esta magnitud no pase declaración de impacto", afirmó Auken. Y apuntó, refiriéndose al cambio de calificación de la vía: "Creemos que ha podido haber una especie de truco para evitar el estudio ambiental".

"Una verdadera autopista"

"La legislación europea es una cosa seria. Si hay unas normas ambientales, las denominaciones [carretera o calle] son indiferentes. En caso de obras de infraestructuras grandes, el impacto ambiental también lo es. Modificar una denominación no cambia eso", añadió De Rossa. El eurodiputado irlandés explicó que él esperaba encontrarse "una calle" y al visitar las obras se topó con "una verdadera autopista". "No me compete saber si el proyecto es bueno o malo. Pero parece claro que no se han salvaguardado los derechos de los ciudadanos", dijo, antes de aclarar que no había venido a Madrid "a regañar a nadie ni a atribuir culpas".

De Rossa y Auken arremetieron contra el Gobierno regional por no haber designado a un alto cargo "político", sino a una comisión técnica, para reunirse ayer con ellos, y coincidieron en señalar que el momento más revelador de la visita había sido el encuentro del lunes con 400 vecinos de Arganzuela. "Sentían que alguien por primera vez les escuchaba, que eran ciudadanos, no súbditos", afirmó el irlandés.

Los dos europarlamentarios van a proponer en su informe que "toda la obra pase declaración de impacto ambiental", aunque no precisaron si eso será posible en obras que ya están muy adelantadas o incluso terminadas. Preguntado sobre si existe en Europa algún precedente de estudio ambiental aplicado a una obra terminada, De Rossa respondió: "Yo no conozco ninguno. Sí se propusieron medidas correctoras a una obra realizada en Helsinki [hace dos años], pero las partes aún están negociando qué medidas serán".

No quisieron opinar sobre si existe un conflicto entre la normativa comunitaria y la española, como alega el Ayuntamiento. "En caso de conflicto, la ley europea prevalecería", se limitó a insistir De Rossa, aunque agregó: "Puede que en nuestro informe sugiramos una modificación de la ley española, para que esta situación no se vuelva a repetir".