El Tribunal de Cuentas continuará investigando las campañas de Zaplana

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, admitió ayer en el Congreso que la sección de enjuiciamiento de este organismo tiene encima de la mesa cuatro contratos de campañas de publicidad de la Seguridad Social de la época en la que Eduardo Zaplana dirigía el Ministerio de Trabajo. El tribunal seguirá por tanto investigando el asunto, aunque Nieto aseguró que es difícil probar un delito contable tras la reforma de la legislación.

Ubaldo Nieto pasó de puntillas por todas las irregularidades detectadas por el informe del Tribunal de Cuentas en los contratos de publicidad de la Seguridad Social entre 2002 y 2004, por un valor de 63,6 millones de euros. Nieto obvió que tanto el abogado del Estado como el fiscal habían hallado "indicios de responsabilidad contable", hasta el punto de que el diputado socialista Ricard Torres le reprochó su actitud: "Si no me hubiera leído el informe, escuchándole a usted no sabría de qué va".

El informe aprobado por el pleno del órgano fiscalizador el pasado 16 de marzo concluye que la campaña de publicidad que realizó en 2003 el Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre revalorización de las pensiones y abono a los pensionistas de una paga única tuvo en realidad "la finalidad de proyectar una imagen favorable en toda la ciudadanía, y no sólo en los pensionistas, de la acción gubernamental".

Nieto se limitó a aclarar que el asunto está en la sección de enjuiciamiento, criticó las filtraciones y señaló que tras varias modificaciones legales "el ilícito contable ha quedado tan restringido que hay que buscarlo como un candil", por lo que ve difícil hallarlo en este caso. Aún así, aclaró que el fiscal del Tribunal de Cuentas, que sí ve indicios de responsabilidad contable, actúa con total independencia. Nieto aseguró que él sabe que el caso está en manos de la fiscalía Anticorrupción por las informaciones en prensa.

A falta de explicaciones más detalladas del presidente del Tribunal de Cuentas, fueron los políticos quienes entraron de lleno en la polémica. El socialista Torres destacó que el informe aprecia "perversión de la finalidad" y una posible "desviación de poder" en la campaña de las pensiones. Para Torres, "se destinaron fondos públicos a la satisfacción de intereses partidistas". Incluso en el contrato se pedía una evaluación posterior sobre el mensaje que debía calar en la sociedad, esto es que con el PSOE la idea fuerza era la del "miedo" ante el posible impago de pensiones, y con el PP había llegado la "seguridad". Para el socialista, se trata en realidad de una "financiación encubierta" del PP, que es quien debería pagar una campaña como esa, en su opinión. La diputada de IU Isaura Navarro pidió la dimisión de Zaplana, hoy portavoz del PP, ante la gravedad de las irregularidades.

El representante de la oposición, Vicente Martínez Pujalte, lanzó acusaciones de todo tipo. Dijo que en los últimos dos años el informe ha sido objeto "de una manipulación política no conocida hasta ahora", comparó las campañas de Zaplana con las que hacía el PSOE en 1989 "con la imagen de Iñaki Gabilondo" y atacó al fiscal general, a quien acusó de amenazar al PP con la reapertura del caso en la Fiscalía Anticorrupción mientras "da trato preferente a alguno, aunque pertenezcan a bandas armadas".