La Comisión Arbitral aplaza 48 horas decidir sobre el recurso contra la ley de Suelo

La Comisión Arbitral ha aplazado hasta mañana su decisión sobre si admite o no a trámite el recurso presentado por la Diputación de Álava contra el proyecto de ley de Suelo. Tras analizar en su reunión de ayer el escrito del Gobierno foral alavés, la Comisión ha preferido darse un plazo de 48 horas para tomar la resolución. De admitir a trámite el recurso, la Mesa del Parlamento deberá suspender inmediatamente la tramitación del proyecto de ley. En este caso, la norma de Suelo, no podrá aprobarse el viernes, como estaba previsto, y quedará varada hasta octubre.

La nueva reunión del pleno de la Comisión Arbitral se ha fijado para mañana a las seis de la tarde, a apenas dos días de distancia del debate en el Parlamento del proyecto de ley, fijado para el viernes. Después de una controvertida tramitación, el proyecto de ley de Suelo llega a la recta final sin despejar aún la incógnita sobre su futuro. La Diputación alavesa ha decidido plantear una cuestión (recurso) de competencia ante la Comisión por entender que el proyecto altera el reparto competencial establecido en la Ley de Territorios Históricos entre las instituciones comunes y kas forales.

Según la Diputación de Álava, gobernada por el PP, la futura ley de Suelo recorta las competencias forales sobre los planes urbanísticos de los ayuntamientos. Hasta ahora, los municipios tienen que someter sus planes de ordenación urbana a la aprobación de las diputaciones. En su artículo 91.1, el proyecto hace desaparecer este trámite para las localidades más importantes, todas aquellas que superen los 7.000 habitantes.

Se trata de un cambio sustancial , ya que con él las diputaciones pierden la tutela sobre el que es el principal instrumento de planificación urbanística municipal. Otro motivo de impugnación es el punto 2 del mismo artículo, que, según la Diputación, permite que los ayuntamientos "puedan realizar informes sectoriales vinculantes en el diseño vial del territorio histórico". El proyecto original aprobado por el Gobierno no recogía esas previsiónes, introducidas en las modificaciones pactadas por el Departamento de Vivienda, que dirige Javier Madrazo, de EB, con el PSE y Eudel, la asociación que reúne a todos los municipios vascos.

Las tres diputaciones mostraron su desacuerdo con este artículo y anunciaron la presentación de un recurso. Al final, las de Vizcaya y Guipúzcoa, gobernadas por el PNV, rectificaron por la presión del propio partido, mientras que la alavesa ha seguido adelante.

Ahora todo queda en manos de la Comisión Arbitral, un órgano creado para resolver con carácter previo los conflictos de carácter competencial entre las instituciones comunes (Gobierno y Parlamento) y las forales (diputaciones y juntas generales). El pleno de la Comisión lo integran siete personas: el presidente, que es el máximo responsable del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Ruiz-Piñeiro, y seis vocales, tres nombrados por el Gobierno y los otros tres por cada una de las diputaciones . El órgano carece de sede y estructura y sólo se reúne, generalmente en el Parlamento, cuando debe resolver un problema interinstitucional. Por ejemplo, ayer admitió a trámite el recurso de la Diputación alavesa contra el proyecto de ley de Bibliotecas.