La Agencia Catalana de Protección de Datos se inhibe en el caso de las cartas de ERC a funcionarios

La Agencia Catalana de Protección de Datos ha decidido inhibirse en el caso de las cartas enviadas por el ex secretario de organización de Esquerra Republicana (ERC), Xavier Vendrell, a funcionarios y cargos de confianza reclamándoles pagos al partido. La agencia catalana ha remitido el caso a la española, al entender que carece de competencias respecto a una entidad como ERC. No obstante, la agencia catalana mantiene abiertas las diligencias del expediente de información previa abierto en marzo, pero limitándolo a los departamentos de la Generalitat que pudieran estar implicados en este asunto, según una carta remitida por la jefa del área de inspección de la Agencia, María Teresa Casado Cadarso, al portavoz adjunto del PP de Cataluña, Daniel Sirera, que presentó una denuncia por el caso.

En la carta, Casado explica que la Agencia Catalana de Protección de Datos abrió de oficio una fase de información previa el día 28 de marzo. El objetivo de la investigación era "determinar las circunstancias de los hechos" sobre el envío de cartas por parte de ERC a determinados funcionarios, personal laboral o cargos de confianza de la Generalitat, así como "las entidades y organismos presuntamente responsables por si podrían ser constitutivos de alguna infracción" a la ley orgánica de protección de datos de carácter personal. La agencia catalana decidió el pasado día 14 de junio "dar traslado de las actuaciones realizadas a la Agencia Española de Protección de Datos, ya que la entidad ERC no se encuentra comprendida dentro de los supuestos en los que tiene competencia la Agencia Catalana".

La fiscalía proseguía esta semana con las declaraciones del centenar de funcionarios que recibieron la carta de Vendrell exigiéndoles el pago de cuotas al partido. Todos los que recibieron las misivas, de las que se conocen cinco versiones, son empleados temporales y trabajan en departamentos del Gobierno catalán o en empresas públicas que hasta el pasado mes de mayo estaban gobernados por ERC. Lo que se desprende de las declaraciones es que los trabajadores vieron peligrar sus puestos de trabajo y que se les intimidó con las cartas y con llamadas telefónicas.