Centros de expulsión

Desde 1990, año en que se puso en funcionamiento el centro de internamiento de la Verneda para albergar durante un periodo de 40 días al extranjero contra el que se tramita una orden de expulsión, tanto el Síndic de Greuges como el Defensor del Pueblo denunciaron las condiciones de las instalaciones. Al estar ubicado en los sótanos del acuartelamiento policial, algunas de las deficiencias destacadas, como carecer de patio y de luz natural, eran irresolubles. Por ello su cierre y la construcción de otro centro, que ahora se está terminando en la Zona Franca, era no sólo una exigencia del Síndic y el Defensor del Pueblo, sino también de distintas interpelaciones parlamentarias. Estas críticas a las condiciones del centro de la Verneda se hacían al margen de compartir o no la conveniencia de contar con estos centros no penitenciarios que, a modo de lotería primitiva, han sido, desde la ley de 1985, los garantes de la política de gestión de los flujos migratorios.

Así, más del 90% de los extranjeros extracomunitarios que viven hoy en España con permiso de residencia bien llegaron como irregulares, bien entraron como turistas y se convirtieron en irregulares, pero finalmente obtuvieron papeles en alguno de los 10 procesos de regularización extraordinaria habidos desde 1985, o por regularización individual concedida por arraigo, prevista en la ley desde el año 2000. Estos dos millones de ciudadanos extracomunitarios, que hoy cotizan y garantizan la continuidad del crecimiento económico, estuvieron durante años a merced de que la policía les identificara por la calle y, por la simple falta administrativa de carecer de papeles, les encerrara en un centro de internamiento y a los 40 días fueran expulsados con una prohibición explícita de entrar en cualquier país de la Unión Europea. Únicamente se libraban de la expulsión los inmigrantes que, como la mayoría de los subsaharianos, procedían de países que no admiten el retorno. Ahora, tras la última regularización, que dejó a bastante gente fuera, tenemos en España un millón de irregulares viviendo y trabajando sin papeles, expuestos a ingresar en un centro y a ser expulsados.

Desde 1985 no se ha aplicado ninguna política de gestión de flujos de mano de obra inmigrante. Lo único que se ha hecho ha sido incrementar el número de países a los que se exige visado, devolver a los marroquíes que llegaban en pateras, hacer volver atrás a algunos pocos de los cientos de latinoamericanos que diariamente llegan a Barajas, controlar a los ciudadanos de la Europa del Este en La Jonquera y fijar un cupo de sólo 15.000 o 25.000 inmigrantes al año, cuando lo cierto es que se están estableciendo cerca de 300.000. Eso sí, asustados por la amenaza de ingreso en un centro de internamiento, hasta que, al cabo de un tiempo, quienes no han sido agraciados aleatoriamente con dicho privilegio logran abrir un proceso de regularización extraordinaria.

Tras la última regularización, está funcionando mucho mejor la contratación nominal por el llamado régimen general para empleos del catálogo de difícil cobertura. Ello ha permitido dar permiso de trabajo a 20.000 inmigrantes en Barcelona y a más de 100.000 en toda España. Gracias a este sistema, muchos empresarios consiguen regularizar a los inmigrante sin papeles que trabajan para ellos, si bien éstos deben regresar a su país para tramitar el visado. También este sistema de contratación nominal lo utilizan los empresarios para contratar al familiar o al amigo de un inmigrante que ya trabaja para ellos y está en el país de origen. Pero éste no es un mecanismo suficientemente generalizado para gestionar el flujo de mano de obra que demanda la economía española.

La mayoría -ahora sobre todo bolivianos y ciudadanos del Este europeo- continúan llegando sin papeles porque no tienen otra forma de hacerlo. Llegan, encuentran trabajo y esperan unos años para regularizarse, mientras cruzan los dedos confiando en que un policía no les pida los papeles y los conduzca al centro de la Verneda o al futuro de la Zona Franca, que ocuparon el sábado una sesentena de jóvenes. Cerrar los sótanos de la Verneda y usar el futuro edificio de la Zona Franca para que durante 40 días los expulsables puedan ver la luz del sol puede considerarse una mejora. Pero lo que no significa ningún avance es que nuestra política de gestión de flujos, el cedazo que decide que alguien se quede o sea expulsado, resida en las instrucciones que reciben los miembros de los cuerpos de seguridad para que, cuando en los centros de internamiento hay plazas vacías, identifiquen aleatoriamente a inmigrantes sin papeles y los conduzcan a la Verneda o la Zona Franca para su expulsión.

Xavier Rius-Sant es periodista.