El celo del juez Marlaska

Dos autos dictados en las últimas 48 horas por el juez Fernando Grande-Marlaska prohibiendo la participación de Arnaldo Otegi en un foro de debate mañana en Barcelona y la detención de dos empresarios navarros por pagar el llamado impuesto revolucionario exigido por ETA en 2001 han suscitado polémica y críticas hacia este magistrado, que el próximo 1 de julio cederá la titularidad del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional a Baltasar Garzón, tras el regreso de éste a España después de más de un año en Nueva York. A esas dos decisiones del magistrado se sumó anoche otra que, sin duda, causará revuelo: la citación para el próximo martes de Gorka Aguirre, miembro de la ejecutiva del PNV, como imputado por presunta colaboración con ETA, medida que se incluye en la operación de desarticulación del aparato de extorsión de la banda. Otra figura relevante de la formación nacionalista, su ex presidente Xabier Arzalluz, también debe acudir ante Grande-Marlaska, pero como testigo.

Ni las polémicas ni las críticas son buenas para la serenidad que debe rodear a la justicia; menos ahora, en vísperas de que el jefe del Gobierno anuncie en el Parlamento el comienzo del diálogo con los etarras cuando se cumplen tres meses del inicio del alto el fuego permanente. Sin embargo, respetando cualquier decisión que emane de la judicatura, los dos autos de Grande-Marlaska son controvertidos. Puede que obedezcan a un exceso de celo en la aplicación de la ley desatendiendo, en el caso de los empresarios, la posibilidad lógica de citarles previamente como imputados y el eximente que significa ser víctima de un delito de extorsión; y de una interpretación discutible de la suspensión de actividades de Batasuna. En el caso del acto al que había sido invitado su portavoz, Otegi, el juez ni siquiera esperó a escuchar la opinión contraria del fiscal, extremo que ya se repitió cuando desautorizó hace una semana una manifestación del grupo ilegalizado en Pamplona.

El acto al que había sido invitado Otegi junto a otros políticos vascos está organizado por el foro jurídico Tribuna de Barcelona, una asociación legal, vinculada a El Periódico de Catalunya. Evidentemente, Otegi acudía como miembro de la izquierda abertzale, pero ni el juez Grande-Marlaska ni ningún otro pueden impedirle por ahora ejercer el derecho de libertad de expresión contemplado en la Constitución, dado que la ilegalización y suspensión de las actividades de Batasuna no anula los derechos individuales. La justicia no está en tregua. Sin embargo, sin desmerecer la labor de los jueces, éstos deben actuar con prudencia y conscientes de la realidad social. Sobre todo cuando está en juego la posibilidad de un diálogo hacia la paz que ponga fin a décadas de violencia.