El eterno problema

Comentaba la semana pasada cómo se está ampliando este año el diferencial de inflación entre España y los países de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Desde 1999 hasta 2005, dicho diferencial se situó en media anual en 1,2 puntos porcentuales y en los cinco primeros meses de 2006 se ha elevado a 1,7. Los ciudadanos, sobre todo los que hacen habitualmente la compra, empiezan a considerar la inflación como uno de los problemas principales del país. Ahora bien, la mayoría percibe sólo una parte del problema, la pérdida de poder adquisitivo de sus rentas y la dificultad de llegar a fin de mes. Otros, posiblemente pocos pero muy significativos, perciben además otro problema asociado a la inflación, la pérdida de competitividad. Son los empresarios o directivos de empresas que venden sus productos fuera de España y los que los venden dentro y ven que los productos importados son cada vez más baratos respecto a los que ellos producen. Éste es un problema más grave que el anterior, pues de él depende no ya el poder adquisitivo, sino las propias rentas, es decir, la capacidad de supervivencia de las empresas y, por tanto, el empleo.

Una de las causas del diferencial de inflación con los países de la UEM es el exceso de demanda

La inflación ha sido el sempiterno problema de la economía española. Si hacemos un índice del IPC español respecto al IPC medio del G-7 (los siete países más desarrollados del mundo), tomando como base 100 el año 1980, el valor del mismo en enero-mayo de 2006 se eleva a 189, es decir, que en estos veinticinco años y pico los precios crecieron en España un 89% más que en esos países (gráfico izquierdo). Lógicamente, los efectos negativos sobre la competitividad-precio de este diferencial de inflación tuvieron que ser corregidos por la depreciación de la peseta. El problema es que ahora ya no tenemos peseta que devaluar.

En principio, un deterioro del IPC relativo no tendría que suponer automáticamente pérdidas de competitividad. El nivel (no la variación, es decir, la inflación) de los precios en España es inferior al de los países de la UEM en su conjunto y la evidencia histórica nos muestra que un país que converge en renta real per cápita con otros más desarrollados también tiende a converger en niveles de precios y salarios, lo que significa, que mientras dura ese proceso histórico de convergencia, ese país tiene más inflación que los demás. En el gráfico central puede verse cómo España converge en renta real y en precios con la UEM. Ahora bien, para que este proceso no implique pérdidas de competitividad, tiene que ir acompañado de ganancias de productividad mayores que en el resto de países, especialmente en los sectores productores de bienes y servicios expuestos a la competencia internacional. Estas ganancias relativas de productividad compensarían los mayores aumentos de los costes de producción. Sin embargo, como se ve en el gráfico derecho, en España no sólo no se producen ganancias relativas de productividad, sino pérdidas, y ésta es la causa de que, a pesar de la moderación salarial, los costes laborales relativos por unidad producida en la industria (quizás el mejor indicador de competitividad) se estén deteriorando igual o más que el IPC relativo.

La baja productividad es, pues, una de las causas del diferencial de inflación español, pero otra es el exceso de demanda, y contra esto, los gobiernos (central, autonómicos y locales) tienen un arma que parece no quieren utilizar: la restricción fiscal. Al menos, el proyecto de PGE-2007 que ya se empieza a preparar no pinta muy restrictivo.

Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).