Asesinos y mafiosos

EL AMENAZANTE COMUNICADO DE ETA difundido el miércoles pretende condicionar en su provecho el inicio oficial de los contactos del Gobierno con la banda armada, que el presidente Zapatero se comprometió a comunicar al Congreso antes del cierre del periodo de sesiones. Las escalofriantes imágenes de televisión sobre el juicio de los presuntos asesinos de Miguel Ángel Blanco y el desmantelamiento en Francia y España de una red de extorsión de la organización terrorista ya habían ilustrado días antes las crecientes dificultades para que el proceso de final dialogado de la violencia autorizado por el Congreso el 17 de mayo de 2005 pueda llegar a buen puerto en un plazo razonable.

La vista oral por el secuestro y muerte del concejal del PP en Ermua ha traído a la memoria el sobresalto de la opinión pública que se movilizó en julio de 1997 para manifestar su airada protesta contra el crimen. Los acusados Javier García Gaztelu e Irantxu Gallastegui ya mostraron hace una semana la misma cruel indiferencia de los matarifes profesionales cuando comparecieron ante el tribunal encargado de juzgarles por la muerte de José Luis Caso, concejal popular en Rentería. Abstracción hecha de que el recuerdo de las víctimas esté siendo manipulado de manera obscena por el presidente de la AVT, los dirigentes del PP y la radio de los obispos con sectarios propósitos partidistas, la posibilidad de que el final dialogado de la violencia implicase la excarcelación de asesinos que se jactan de sus crímenes y rechazan el trabajo de duelo sería socialmente inasumible: la democracia es un régimen de opinión altamente sensible a los cambios de humor de los ciudadanos. El desprecio de García Gaztelu y Gallastegui por las víctimas no es fruto tanto de una psicopatología individual como del adoctrinamiento fanático de ETA -sirva como ejemplo su último comunicado- para justificar los crímenes perpetrados a lo largo de casi cuatro décadas. Ese mecanismo de bloqueo cognoscitivo impide la reflexión moral imprescindible para promover la reconciliación dentro de la sociedad vasca como fundamento de una existencia libre y democrática.

Tras el juicio por el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el desmantelamiento de una red de recaudación mafiosa de ETA, un comunicado de la banda hace balance de tres meses de tregua

El desmantelamiento en España y Francia de una red recaudatoria de ETA, ordenado por los jueces Grande-Marlaska y Le Vert tras un prolongado trabajo de cooperación policial entre ambos países, desmiente la supuesta paralización del Estado de derecho que el PP daba maliciosamente por descontada y el último comunicado de la banda terrorista exige imperiosamente. El tira y afloja de la Audiencia Nacional con los dirigentes de Batasuna tal vez incurra a veces en un excesivo casuismo; sin embargo, las líneas maestras jurisprudenciales son inteligibles y están plenamente ajustadas a derecho. Los bizantinos distingos entre nuevas extorsiones posteriores al 22 de marzo y deudas morosas anteriores a esa fecha complican la tarea de establecer a ciencia cierta si los aparatos de recaudación del impuesto revolucionario continúan funcionando regularmente después del alto el fuego de ETA.

Como es habitual en las piezas de este ínfimo género, el comunicado dirigido a "la opinión pública española" para hacer un balance de los tres meses de tregua transcurridos declama el relato legendario de un Pueblo Vasco "con miles de años de historia" que lucha por recuperar una soberanía arrebatada "hace siglos" por España y Francia. Santificados sus crímenes por ese mítico pasado, "la posibilidad de derrotar a ETA se ha confirmado una y otra vez como un espejismo represivo". El documento combina las carantoñas al Gobierno con las amenazas: "Nuevas generaciones se sumarán a la lucha" si Zapatero desperdicia esta "gran oportunidad histórica". Para aprovecharla, el primer paso sería "desactivar todas las medidas represivas y de excepción" contra ETA y su brazo político; pero si el Estado de derecho concediese la extraterritorialidad penal a la banda terrorista y a la izquierda abertzale, la democracia constitucional simplemente desaparecería.