La autopista A-8 sumará casi 350 millones de euros de déficit durante los próximos ocho años
PSE y PP piden un plan opcional si el Supremo confirma la nulidad de la norma del peaje
El diputado vizcaíno de Obras Públicas y Transportes, Eusebio Melero, defendió ayer en las Juntas Generales el cobro del peaje en la autopista A-8, después de que el Tribunal Superior vasco haya anulado la norma foral que lo regula. Melero rechazó los argumentos del alto tribunal -que el dinero obtenido no puede destinarse a otras carreteras, como está realizando la Diputación- e incluso aseguró que el Tribunal Supremo y la Unión Europea avalan sus tesis. Además, reveló que la gestión actual de la autopista se mantendrá con pérdidas hasta 2014, que cuantificó en casi 350 millones de euros, debido a las obras de los terceros carriles.
El responsable foral de Obras y Transportes se explayó en el uso de argumentos jurídicos. Señaló que el mismo reglamento de las administraciones locales en el que el Superior se ha basado para la anulación incluye otro artículo que establece que las tarifas pueden destinarse a otros fines. Agregó que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se argumenta que "sólo se debe fijar una cuantía mínima" para los peajes y aludió a una directiva comunitaria, renovada este año, que permite el destino de su cobro "a fines medioambientales y el transporte".
Pese a esta argumentación y el recurso interpuesto en el Supremo, Melero ofreció un dato sorprendente: "El canon solo no da para [costear] la mejora de la A-8". Detalló los ingresos y gastos del pasado año, que arrojaron un déficit de casi tres millones de euros, y aseguró que las previsiones para este año apuntan a unos gastos de 76 millones y unos ingresos de 38 millones. Acto seguido, avanzó que de 2010 a 2014 se registrará un déficit superior a los 300 millones. El diputado adujo que en los gastos se incluyen los costes de los proyectos de obra, la explotación de la vía y su mantenimiento.
Préstamo con ocho bancos
El diputado anunció que el mes pasado se acordó formalizar un préstamo de 1.060 millones de euros con ocho entidades crediticias, entre ellos el Banco Europeo de Inversiones, para financiar el Plan de Accesibilidad, que incluye la Supersur, la nueva autopista paralela a la A-8 presupuestada en 1.200 millones.
El PP y Ezker Batua fueron los grupos más críticos con la postura de la Diputación. José Ferrera, de EB, que llevó la polémica a las Juntas con una proposición para cumplir la sentencia que fue rechazada, consideró contradictorio el recurso si la A-8 es deficitaria hasta 2014. "Con esos datos, se deduce que no tiene incidencia en el Plan de Accesibilidad y no vemos por qué se recurre", dijo. Opinó que los argumentos jurídicos del Superior "van a prevalecer en el Supremo" y enfatizó el perjuicio a los usuarios "obligados a pagar más del doble" por el peaje.
El popular Jesús Isasi cuestionó los datos de los ingresos y gastos en la autopista aportados por Melero y las interpretaciones jurídicas del diputado. "El Libro Blanco [de la UE] dice que hay que cobrar los gastos que se producen en el punto de uso", señaló. A su juicio, la sentencia del Superior obliga a que no se cobre ningún euro por el peaje y censuró al diputado foral que sólo contemple "la tesitura de que va a ganar" el pleito.
El socialista Segundo Calleja, al igual que ya había planteado el PP, pidió a Melero un plan B que garantice la construcción de las carreteras que se pretenden financiar con el peaje de la autopista en caso de que los tribunales mantengan su posición actual. Ana Reka, del PNV, aseguró en cambio que el fallo del Superior "en ningún momento anula el cobro del canon" y destacó que "nadie puede aventurar las consecuencias económicas" de esta sentencia. El PP ha facilitado un modelo de recurso a los usuarios para que reclamen lo cobrado desde junio de 2003 y ha solicitado al Superior la ejecución provisional del fallo.
Reka manifestó, ante la petición de un plan alternativo en caso de un fallo desfavorable, que estaba segura de que hay "líneas de trabajo" por parte del Departamento de Obras Públicas y Transportes. E insistió: "El canon no está invalidado por la sentencia e incluso con el plan B seguirá existiendo".
