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Hacienda descontará las multas municipales en las devoluciones de la declaración de renta

El convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona y la agencia tributaria se cerrará en breve

Blanca Cia

Retención por compensación de multas. Una anotación de ese tipo informará al contribuyente de que en su devolución de la declaración de renta -si es su caso- se ha practicado un descuento por el importe de multas municipales que tenga pendientes. El convenio, que se negocia globalmente entre la Federación de Municipios de Cataluña y la agencia tributaria, está muy perfilado en el caso de Barcelona, que ve en este sistema una forma de mejorar el nivel de cobro de las multas que impone, especialmente las relativas a la ordenanza de civismo, aunque también las de tráfico.

Esa fórmula ya se aplica desde el año pasado con los deudores de los impuestos municipales - el impuesto de bienes inmuebles (IBI) , el impuesto de actividades económicas (IAE) y el que grava los vehículos - después de llegar a un acuerdo con Hacienda. La agencia tributaria descuenta el importe que se adeuda en la liquidación de renta, o en la de IVA, y lo transfiere a las arcas municipales. "Por este sistema se han recaudado 900.000 euros de impuestos municipales que no eran satisfechos a un total de 2.000 morosos", señaló la concejal de Hacienda, Montserrat Ballarín.

Lo que ocurre es que el número de morosos de impuestos municipales es relativamente escaso -el 8% en el IBI, por ejemplo-, mientras que la parte del león está en los incobrados de multas de tráfico y ahora con las sanciones que acompañan la nueva ordenanza de civismo.

"Se está acabando de negociar las condiciones y el sistema de información, pero Hacienda ya ha dado el visto bueno", apuntó la edil. El sistema partirá, en principio, de la lista de multas impagadas que facilitará el consistorio a la agencia tributaria: "Ahora se está trabajando en la adaptación de los sistemas informáticos de ambas administraciones", resumió Ballarín. Dentro de ese convenio se tendrá que fijar la cantidad mínima a partir de la que Hacienda practicará los descuentos a los contribuyentes a quienes la declaración les salga negativa.

Lo que el Ayuntamiento no se aventura a calcular es el porcentaje de multas que se podrán cobrar con el convenio con Hacienda. El impago de las multas municipales es muy alto, casi el 60% de ellas no se paga. El problema reside principalmente en las sanciones impuestas a personas que no residen en la ciudad. En el caso de los morosos por multas -hasta ahora de tráfico- que tienen las cuentas bancarias domiciliadas en Barcelona, la agencia tributaria ya practicaba los embargos. No ocurre lo mismo con los infractores de fuera de Barcelona o que tienen las cuentan bancarias en otras localidades. Y eso es así pese a que el año pasado el consistorio firmó un convenio con el Departamento de Economía de la Generalitat para que ésta tramitara los embargos por sanciones cometidas por infractores no residentes en Barcelona. "Hay un problema de acuerdo de las entidades bancarias", explicó el concejal de Presidencia, José Cuervo, en el debate de las cuentas de 2005 en la sesión del pleno del Ayuntamiento.

Más que problema, es resistencia de los bancos en facilitar embargos a los clientes. "Se necesita un acuerdo de todos los bancos y cajas porque a la que uno o dos no lo suscriben, tampoco lo hacen los demás", apuntaba la edil de Hacienda. Lo curioso es que hasta hace unos seis o siete años esos embargos sí se ejecutaban porque la Diputación de Barcelona realizaba toda la tramitación. Por la gestión cobraba una comisión del 2% de cada importe. Lo dejó de hacer porque, según explicó Ballarín, se planteó subir ese porcentaje al 4% y el Ayuntamiento no quiso. El resultado fue que dejó de cobrar gran parte de las multas de tráfico de infractores no residentes en Barcelona.

El consistorio insiste en que no se trata de recaudar, sino de que la ordenanza del civismo tenga efectividad real. Se trata de atajar un problema de orden público y de civismo: "Se persigue el cobro de las sanciones a aquellos ciudadanos, en muchos casos autores reincidentes de ciertas faltas, que, amparados en los vericuetos burocráticos, demoraban el pago durante años", puntualizó la edil de Hacienda.

Desde CiU no se le ven las bondades al convenio que se va a cerrar en breve plazo. La edil de CiU, Sonia Recasens, afirmó ayer que más que un problema de imposibilidad de cobro de los morosos es una cuestión de "incompetencia" del consistorio porque el 45% de las multas de la ordenanza que impone la Guardia Urbana no se pueden llegar a introducir en el sistema informático debido a que están plagadas de errores.

Entre pitos

Cada vez que un concejal se excedía ayer en el tiempo de su intervención en el pleno municipal sonaba un pitido agudo que se repetía con cierta cadencia. Simultáneamente, se cortaba la entrada de sonido en el sistema de radio y televisión. En consecuencia, se producía un silencio en los registros de radio y televisión -Barcelona Televisió emite las sesiones en directo-, pero los ediles que estaban en uso de la palabra no se enteraban. Así llegaban el segundo pitido, el tercero, el cuarto y hasta el quinto que llegó a sonar en alguna de las intervenciones de Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo municipal del Partido Popular, que seguía hablando pese a los pitos y la luz roja de la mesa del interventor.

En la sesión de ayer, con un gran entoldado que tapaba la cúpula del salón (en trabajos de rehabilitación), se cuestionó qué hace la empresa de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) para evitar los robos que perpetran 209 carteristas que han sido identificados por la propia empresa. La pregunta, formulada por CiU, criticaba al Ayuntamiento por su pasividad. El concejal de Seguridad, Ferran Julián, indicó que la competencia en el área de seguridad depende de los Mossos y que éstos disponen de unidades de actuación especializada: "Los vigilantes del metro no están para identificar a los delincuentes, sino para el mantenimento del civismo y vigilar por la seguridad del transporte".

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Sobre la firma

Blanca Cia
Redactora de la edición de EL PAÍS de Cataluña, en la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en diferentes secciones, entre ellas información judicial, local, cultural y política. Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.

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