Lectura andaluza del 18-J

La democracia representativa descansa en la presunción de que la voluntad de los ciudadanos y la de sus representantes coinciden. De ahí que, al obedecer la ley, que ha sido aprobada por nuestros representantes, es como si nos estuviéramos obedeciendo a nosotros mismos.

Mientras nos mantenemos en el interior de un sistema exclusivamente representativo esta presunción opera como una presunción iuris et de iure, es decir, no admite prueba en contrario. La presunción tiene que ser revisada por el cuerpo electoral cada cuatro años, pero en el curso de la legislatura la presunción es indestructible.

Cuando entra en juego una institución de democracia directa, como es el referéndum, se corre el riesgo de que la presunción quede destruida, esto es, que la voluntad de los representados no coincida con la de sus representantes.

Esto es lo que convierte al referéndum en un elemento tan potencialmente pertubardor de la democracia representativa, pues la puede atacar en su núcleo esencial, ya que el rechazo por los ciudadanos de lo aprobado por sus representantes pone en cuestión el proceso de legitimación democrática del Estado.

Quiere decirse, pues, que la coincidencia o la discordancia entre lo aprobado por los representantes y lo votado directamente por los representados es el canon con el que enjuiciar, ante todo, el resultado de un referéndum. La magnitud de la participación es un elemento de mucha menor importancia. Expresa falta de entusiasmo, pero no supone deslegitimación de la democracia representativa.

Contemplado desde esta perspectiva, el resultado del 18-J en Cataluña no puede ser valorado negativamente. El grado de coincidencia entre la voluntad de los representantes y la de los representados ha sido más que notable. Si algún o algunos partidos tienen algo que reprocharse, son los que han propugnado el no (PP y ERC), ya que el porcentaje de votos en este sentido en el referéndum ha sido considerablemente menor (20,7%) que el porcentaje de votos que dichos partidos obtuvieron tanto en las elecciones autonómicas como en las generales (28% y 31% respectivamente). Por el contrario, los partidos del sí han conseguido un porcentaje superior al que obtuvieron en dichas elecciones.

De ahí que no se entienda la reacción de los partidos del no y en particular del PP. No han sido los partidos del sí sino los del no los que han sido desautorizados por sus votantes. Ha habido transferencia de votantes de los partidos del no al campo del sí y no a la inversa. No se por qué brindaban con cava los dirigentes del PP la noche del 18-J.

Pero menos se entiende todavía que los partidos del no en el proceso de reforma estatutaria en Andalucía, PP y PA, hayan interpretado el resultado del referéndum catalán como una llamada de atención a los partidos que propugnan el sí en nuestra comunidad, PSOE e IU.

El resultado del referéndum del 18-J en Cataluña supone un aval a la trayectoria que están siguiendo el PSOE e IU. No hay nada en este resultado que indique que son ellos los que tienen que rectificar. Más bien lo contrario. Son el PP y el PA los que deberían reflexionar y corregir el rumbo. Poner toda su esperanza en que se repita el porcentaje de abstención es como dar por perdido el partido antes de salir a disputarlo.

El precedente del referéndum del 18-J no significa ni puede significar lo que el PP y el PA están pretendiendo. Es, además, sumamente improbable que en Andalucía la abstención vaya a alcanzar el nivel que ha tenido en Cataluña. Entre otras razones, porque el reto de superar el resultado del 18-J operará como un estímulo para acudir a votar.

Al PP y al PA no le quedan ya coartadas y se les está agotando el tiempo. No están en condiciones de exigir nada, sino de incorporarse a lo que queda del proceso de reforma. Si no lo hacen, el proceso va a seguir de todas formas y va a ser un éxito. Que nadie se llame a engaño.