El juicio más simbólico

Nueve años después del atentado de ETA contra Miguel Ángel Blanco, que provocó una reacción social sin precedentes y las mayores manifestaciones que se han conocido contra la banda y el proceder inhumano de su entorno político, HB, al negarse a condenar la violencia, se juzga hoy en la Audiencia Nacional a sus dos principales protagonistas y autores materiales, Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, y su compañera sentimental, Irantzu Gallastegi Sudupe, Amaia.

La noticia del secuestro y el ultimátum de 48 horas para salvar la vida de un concejal del PP del pequeño pueblo de Ermua (Vizcaya) a cambio del traslado de los presos etarras al País Vasco, produjo una conmoción social al ser interpretada como un inaceptable chantaje al Estado. Originó una masiva y espontánea reacción de cólera, una rebelión cívica que incluso desbordó la capacidad de los partidos, a los que forzó a movilizarse unidos contra los violentos y su entorno.

La familia acudirá acompañada de amigos y políticos del PP como María San Gil

Desde aquel 12 de julio de 1997, en el que fue hallado a las cuatro de la tarde en una pista forestal de Lasarte (Guipúzcoa) el cuerpo maniatado de Miguel Ángel Blanco, con dos disparos en la cabeza y aún con vida -fallecería al día siguiente-, hay un antes y un después en la trayectoria de ETA y su entorno político Herri Batasuna.

El espíritu de Ermua con el que se bautizó este movimiento ha denunciado desde entonces la estrategia de eliminación del adversario político de la que se beneficiaba Herri Batasuna, que ETA puso en marcha en enero de 1995 con el asesinato del dirigente del PP guipuzcoano Gregorio Ordóñez, por el que Txapote será también juzgado en los próximos meses.

El juicio por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco que hoy comienza en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene, por consiguiente, un valor simbólico añadido. Nuevas Generaciones, la organización juvenil del PP a la que pertenecía el edil asesinado, ha organizado una campaña de movilización para que la familia de Miguel Ángel Blanco se sienta apoyada, y estarán concentrados ante la Audiencia Nacional los tres días que se prevé dure la vista oral.

María del Mar Blanco, única hermana de la víctima, estará presente en la sala, mientras que sus padres deberán esperar a ser llamados porque comparecen como testigos del fiscal, Miguel Ángel Carballo. Precisamente para conocer la actitud que podían tener en el juicio de su hermano los dos acusados, María del Mar ha estado acudiendo a la vista celebrada contra ellos la semana pasada por su participación en el asesinato del concejal del PP de Rentería José Luis Caso, en diciembre de 1997. Y ha podido comprobar el comportamiento chulesco y de desprecio al tribunal que ambos mantuvieron.

"Me temo que tomarán una actitud si cabe más chula y grotesca porque saben el alcance mediático que puede tener el juicio de mi hermano tras la rebelión cívica que hubo esos días", declaró ayer María del Mar. Y dijo que acudirá a la Audiencia para demostrar "a esos asesinos, que pudieron con mi hermano, no van a poder conmigo ni con mis padres". Los tres estarán acompañados por una comitiva de familiares, amigos y cargos del PP vasco, entre ellos la presidenta María San Gil. También adelantó que en el juicio tratarán de tener una actitud normal, sin montar ningún espectáculo.

El fiscal ha solicitado 50 años de prisión para cada uno de los acusados, 20 por el delito de secuestro y 30 por el de asesinato terrorista. Solicita también que el tribunal dicte una orden de alejamiento de la localidad de Ermua durante cinco años a partir de su excarcelación momentánea o definitiva.

María del Mar aseguró ayer que confía en que el tribunal marque una sentencia "firme y justa" tras este juicio. Según Blanco, las víctimas del terrorismo de ETA nunca han tomado la revancha por su cuenta "porque siempre han confiado en la Justicia". Y añadió que sólo desea "que esa gentuza se pudra en la cárcel porque eso dignificaría la memoria de mi hermano".

En las conclusiones, el fiscal afirma que la pareja formada por Txapote y Amaia pertenecía al comando Donosti, al que alojó en su casa Ibon Muñoa, concejal de HB de Eibar, localidad vecina a Ermua y en la que trabajaba la víctima. Fue además este edil abertzale quien dio a los etarras las referencias de los movimientos de la víctima para que pudieran cometer el atentado. Muñoa fue juzgado y condenado en octubre de 2003 a 33 años de prisión como colaborador necesario en este atentado.

Según el fiscal, en septiembre y octubre de 1997, es decir, dos meses después de un atentado que conmocionó a toda la sociedad, Muñoa volvió a acoger en su casa a la pareja de etarras. Estos reconocieron su participación en este atentado pero "discutieron acerca del resultado de la acción y su incidencia en el nacionalismo vasco".

Detenido en Francia en febrero del 2001, Txapote fue entregado a España el año pasado para ser juzgado por este asesinato y otras siete causas pendientes, entre ellos los asesinatos de Gregorio Ordóñez, el socialista Fernando Mújica, el jefe de la Policía Municipal de San Sebastián Alfonso Morcillo y el brigada del Ejército Mariano de Juan. Txapote ha solicitado permanecer en España para estar cerca de su compañera Gallastegi, con la que tiene una niña.