El Gobierno ralentiza el desarrollo de la ley de Igualdad, aprobada hace 16 meses

La ley de Igualdad camina a paso muy lento. Los grupos de la oposición y personas vinculadas al movimiento asociativo coinciden en ese diagnóstico 16 meses después de la aprobación de una ley que el propio lehendakari, Juan José Ibarretxe, consideró el principal logro de su anterior mandato. Después de un despegue vistoso con la obligatoria paridad en las listas electorales de las pasadas autonómicas, nada se ha movido hasta el nombramiento el mes pasado de la defensora de la Mujer. La práctica totalidad de los decretos de desarrollo necesarios para reglamentar múltiples aspectos de la ley aún no han sido elaborados o esperan su turno en la Comisión Jurídica Asesora.

La aprobación de la ley de Igualdad en febrero de 2005 -hoy hace 16 meses- en el último pleno de la pasada legislatura fue saludada por Ibarertxe como el momento "más emocionante" de su vida política. La oposición reprocha ahora al Ejecutivo el escaso desarrollo de la nueva norma y la lentitud en el cumplimiento de los preceptos que establece para las administraciones. Todo está parado pues no se han aprobado los decretos y reglamentos que deben desarrollar y detallar muchas de las cuestiones que prevé.

"La ley está sin desarrollar y, por mucho que el lehendakari hable de vascos y vascas, así no se avanza", critica la parlamentaria del PP Arantxa Quiroga. Igual opinión mantienen socialistas y EHAK.

La propia directora de Emakunde, Izaskun Moyua, reconoció en su reciente comparecencia ante la Comisión de Mujer y Juventud que algunos de los compromisos contraídos ya se hallan fuera de plazo. Otros, aseguró, están a punto de cumplirse a través de los decretos y reglamentos correspondientes, que tiene en estudio la Comisión Jurídica Asesora del Ejecutivo.

La ley despegó por todo lo alto, ya que obligó a todos los partidos a elaborar candidaturas paritarias en las elecciones autonómicas que se celebraron dos meses después de su aprobación. Ibarretxe cumplió también con el precepto de que ambos sexos tengan al menos un 40% de representación en el Consejo de Gobierno, en el que junto al lehendakari se sientan en la actualidad seis hombres y cinco mujeres.

"Casi todos a la vez"

El único paso adicional que el Ejecutivo ha dado ha sido, y fuera del plazo de un año que marca la ley, la reciente creación de la Defensoría para la Igualdad de Mujeres y Hombres, cuyo reglamento de organización y funcionamiento fue aprobado el pasado martes. Incluso la creación de esa figura ha despertado rechazo. "Han nombrado a la persona [titular de la Defensoría, Maite Erro], pero no hay planificación de su trabajo", alerta la oposición.

Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer adscrito a Presidencia del Gobierno, que es el que debe desarrollar la ley, acepta las críticas, pero las considera prematuras: "La ley es muy joven aún y estamos haciendo el trabajo menos vistoso, el que se hace de puertas adentro preparando los decretos de desarrollo", justifica su directora.

Izaskun Moyua desvela que en breve estará en condiciones de someter al Consejo de Gobierno varios de los reglamentos que deben desarrollar la norma: "Irán en breve y casi todos a la vez".

La ley obliga a la Administración a contar en cada departamento con al menos una unidad específica para impulsar las políticas de igualdad. Deben ser reguladas por un reglamento aún pendiente. Igual obligación recae sobre los organismos y entes públicos.

Tampoco se han constituido las comisiones interinstitucional e interdepartamental previstas, con funciones de coordinación entre administraciones la primera y entre todas las consejerías del Gabinete la segunda. Ambas deben adscribirse a Emakunde y su creación depende de un decreto que reglamente su composición, organizacion y funcionamiento.

La ley fijó también la obligación de que los presupuestos del Gobierno, así como los de las diputaciones y ayuntamientos, detallen las partidas precisas para cumplir las políticas de igualdad. Las cuentas elaboradas en 2005 no lo han hecho así.

Del mismo modo que todos los proyectos de ley aportan un estudio de su impacto económico, ahora deben ir acompañados de otro sobre su "impacto de género". Para ello, el Ejecutivo ha de definir con qué parámetros se mide tal impacto y qué actos o normas quedarían exentos de dicho informe previo. Al no haberse abordado, los departamentos carecen de criterios para realizarlos.

Otra materia pendiente es la constitución del consejo que debe canalizar la participación del movimiento asociativo que trabaja en materia de igualdad. Y tampoco está reglamentado el contenido de los planes que las empresas públicas y privadas tendrán que elaborar a partir de cierto número de empleados.