Las subidas del petróleo no deben frenar la creación de empleo

El proceso de incremento de los precios del crudo, iniciado en el segundo trimestre de 2004, ha provocado lo que algunos denominan como tercera crisis del petróleo. Las crisis anteriores se remontan a 1973 y 1978, en contextos socioeconómicos muy diferentes. Además, mientras que aquellas crisis se sustanciaron con drásticos recortes de la oferta, en la actualidad confluyen limitaciones duraderas de la oferta con aumentos en la demanda.

El fuerte desarrollo de las economías emergentes, encabezadas por China, India (8%) y otros países de Asia, es uno de los factores que más influyen en el incremento de consumo energético. Por ello, y sin olvidar las restricciones de la oferta, es previsible que no haya freno a medio plazo al aumento de la demanda. Si se compara con las crisis pasadas, la situación actual ofrece, por compensación, factores positivos, como es que las economías desarrolladas se encuentran mejor preparadas para soportar un shock, tras un largo periodo de crecimiento. Además, la dependencia petrolífera ha disminuido, al diversificar las fuentes energéticas (aunque no todo lo deseable). Por otro lado, la mayor apertura del comercio y de la competencia impiden una traslación inmediata de costes al consumidor en numerosos sectores, sobre todo el industrial.

España deberá abordar sin demora la modernización de sus estructuras productivas

Con todo, una de las diferencias que constatan la mayoría de expertos, y una de las más preocupantes, es que el actual encarecimiento será permanente, es decir, conforma un nuevo escenario en el mercado que exigirá cambios estructurales en las economías de los países. En definitiva, parece previsible que el precio del barril no bajará en un futuro y tiende a superar los 80 dólares.

Es preciso observar que la evolución del precio del crudo en dólares constantes de 2006, es decir, descontando la inflación, no ha alcanzado la cota de noviembre de 1979, puesto que los 42 dólares a los que llegó entonces equivalen, aproximadamente, a 111 dólares de ahora. Estos datos matizan el proceso actual y, sin restarle trascendencia, contribuyen a explicar por qué las economías no acusan aún la imparable subida de los precios del crudo.

En el contexto de moderado crecimiento de Europa, España destaca con un ritmo superior, acompañado por un aumento del empleo que ha permitido reducir la tasa de paro hasta un porcentaje similar al de la zona euro. Sin embargo, el aumento del empleo y de la producción ha ido ligado a subidas también superiores del nivel general de precios. El ejercicio 2005 cerró con una tasa media anual de variación del IPC de 3,4%, frente al 2,2% de la zona euro. Este comportamiento diferencial del IPC hace a la economía española más vulnerable a la subida del petróleo.

En 2005, petróleo y gas representaron el 70% de la energía primaria consumida por España, un nivel mucho más alto que el promedio europeo actual (alrededor del 64%) y un indicador de que España es incluso más dependiente de los principales hidrocarburos que los demás países avanzados. De hecho, sin un cambio en la política energética y en las pautas de consumo de sus empresas, la demanda seguirá creciendo a ritmos superiores a la media mundial.

Los efectos de una subida del precio del crudo sobre la inflación son, junto a los inducidos sobre el déficit exterior, los más inmediatos y directos, sobre todo en los países fuertemente dependientes como es el nuestro. España es en la actualidad el país con la inflación más elevada de toda la Unión Monetaria, y el cuarto de la UE. A una mayor incidencia de los precios energéticos sobre el IPC, España aporta una inflación estructural más elevada y persistente, que tiene su causa fundamental en la escasa competencia de algunos mercados, esencialmente en los servicios.

En sectores poco abiertos, la falta de competidores dota de cierto poder de monopolio a las empresas. De hecho, no es el efecto del precio del crudo el que explica el endémico diferencial de inflación con la media de la UE, sino el funcionamiento ajeno a la competencia de esos mercados que, en general, no se ven afectados directamente por la evolución del petróleo. En este sentido, serían deseables actuaciones públicas para mejorar la eficiencia en mercados que afectan a sectores de carácter estratégico como son el energético, el transporte o las telecomunicaciones.

Sobre el empleo, la crisis de 1979 en la economía española afectó considerablemente. La tasa de paro se duplicó en menos de tres años, pasando del 6,5% en el primer trimestre de 1978 al 13,4% en el mismo trimestre de 1981, aunque hay que tener en cuenta otros factores que entraron en juego en esta etapa. Después de esa crisis, en ninguna de las tensiones petrolíferas se registraron efectos negativos significativos en el empleo.

Hoy, a pesar del aumento del empleo, existen debilidades estructurales como son un exceso de temporalidad y una aún escasa participación de la mujer y de otros colectivos en el mercado de trabajo. Detrás de estos puntos débiles se encuentra una estructura productiva con elevada especialización en sectores de bajo valor añadido y tecnológico, basada en un modelo ya obsoleto con urgentes necesidades de inversión y modernización en I+D+i, calidad, medio ambiente, energía, educación y formación.

Para que futuras subidas de los precios no afecten desfavorablemente al tejido productivo es necesario incrementar la eficiencia energética de las empresas españolas y mejorar la productividad. Un consumo más eficiente de energía supondría mayor capacidad de absorción por las empresas del incremento del coste de producción derivado del encarecimiento del crudo.

El modelo de fijación de los salarios en la negociación colectiva está siendo, sin duda, un activo esencial en el proceso de crecimiento sostenido de nuestra economía y contribuye a que los efectos del shock petrolífero no se transmitan a los costes laborales en su intensidad. Este modelo, al tener como referencia de evolución de precios la previsión del Gobierno (fijada en la actualidad en el 2%), posibilita que las tensiones inflacionistas no tengan mayores efectos indeseables. Y la utilización de esta referencia es posible gracias a la inclusión de cláusulas de revisión, que pretenden preservar los aumentos del salario real pactados libremente.

Sin embargo, puesto que todavía hay trabajadores sin convenio y que muchas de las cláusulas de revisión pactadas no recuperan totalmente la desviación de inflación, lo cierto es que desde 1999 esta recuperación de la desviación es tan sólo algo superior a un tercio del total. Es decir, por cada punto de aumento del IPC por el del precio del crudo, los salarios sólo se incrementan, aproximadamente, un 0,3%.

El poder adquisitivo de los asalariados es, por tanto, erosionado directamente por los aumentos del precio del crudo. Como es habitual, son los trabajadores quienes realizan el mayor esfuerzo, asumiendo los efectos de la crisis. Los sindicatos demandamos un permanente compromiso de los empresarios y del Gobierno para que las cargas se repartan de manera proporcionada. A los empresarios les compete abordar con decisión el inaplazable cambio de modelo productivo, apostando por una mayor competitividad, a través de un aumento de la estabilidad del empleo y un mayor desarrollo tecnológico. Al Gobierno, reforzar el progreso social con mayores inversiones en educación, formación, investigación e infraestructuras.

En este marco desarrollamos el proceso de diálogo social que ya ha dado resultados positivos y que deberá ofrecer sus mejores frutos en los próximos años gracias al Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y el Empleo y la Ley de Igualdad.

De esta crisis, como de todas, se puede salir fortalecido. España deberá abordar sin demora la modernización de sus estructuras productivas, con empresas innovadoras, abiertas al exterior, que ofrezcan empleos de calidad, bien remunerados y con formación permanente. Todo ello en el marco de una política energética que corrija las deficiencias, diversificando las fuentes, propiciando el ahorro y respetando el medio ambiente.

Cándido Méndez Rodríguez es secretario general de UGT.