La ley andaluza contra la violencia de género hará hincapié en la prevención

La futura ley andaluza contra la violencia de género, cuyo anteproyecto presentó ayer en Sevilla la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, garantizará la protección integral de las mujeres frente al maltrato. La Junta reforzará los recursos asistenciales y preventivos desarrollados desde 1998. El año pasado se denunciaron más de 13.000 casos de maltrato y en el primer semestre de 2006 hubo 4.326 denuncias.

La Consejería de Igualdad y Bienestar social ha apostado por la prevención para elaborar el borrador de la futura ley andaluza contra la violencia de género, que pretende adecuar el decreto nacional a la situación específicos de Andalucía y abordar la problemática del maltrato de manera integral. El borrador apuesta por aplicar las medidas sancionadoras y asistenciales establecidas desde los planes integrales de 1998 y, sobre todo, por generar fórmulas de prevención. "Podemos castigar con más penas, pero cuando llegamos a este punto es cuando el delito ya se ha cometido. Tenemos que evitar de todas las formas posibles que la violencia llegue a producirse", argumentó la consejera de Igualdad, Micaela Navarro.

Con este anteproyecto, el Gobierno andaluz quiere otorgar el máximo rango legal a las iniciativas que desarrolle para erradicar los malos tratos contra las mujeres, un problema que generó más de 13.000 denuncias el año pasado y 4.326 en el primer semestre de 2006, una cifra que supone el 22,9% de los 18.893 casos detectados en España. La consejera aseguró que, desde la aprobación de la ley estatal, ha habido un "aumento paulatino" del número de denuncias, debido a que las mujeres "se sienten más protegidas" y a que se ha extendido la "conciencia social" sobre este delito, "que va más allá del ámbito de lo privado y que afecta a la sociedad".

"A lo largo de este año de trabajo para preparar la ley han colaborado más de 70 entidades de distintos ámbitos sociales", afirmó Micaela Navarro, quien también reconoció la labor de todos los grupos políticos para sacar adelante el borrador, cuyos trámites se iniciaron ayer a partir de la luz verde otorgada por el Consejo de Gobierno. La ley autonómica recogerá en 4 títulos, 69 artículos y una disposición adicional una serie de medidas que, asegura la consejera, "harán hincapié en la protección".

Para ello, se potenciará la colaboración con los ayuntamientos a través del Instituto Andaluz de la Mujer. "En cada municipio con más de 10.000 habitantes hay un punto de información a la mujer", explicó Navarro, quien agregó que cada uno de estos centros contará con la presencia de un psicólogo, gracias a un acuerdo establecido con el Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental y Occidental. "Estas mujeres deben recuperar la autoestima perdida durante tanto tiempo", explicó.

Con respecto a la atención jurídica, la ley garantiza la asistencia letrada por el turno de oficio especializado y se dispone la personación de la Junta en juicios sobre casos de muerte violenta.

El anteproyecto prevé también la aprobación, cada cinco años, de un plan integral en el que participarán organismos e instituciones de los ámbitos social, jurídico, educativo, sanitario, de la seguridad y de los medios de comunicación. "La ley debe lograr que las mujeres no se encuentren con ningún impedimento para romper con el círculo de violencia", comentó Navarro.

En el terreno educativo, el texto recoge medidas de revisión y adaptación de contenidos curriculares, así como intervenciones para detectar y atender las situaciones de violencia que se puedan producir en los centros.

La mujeres víctimas de maltrato tendrán, además, derecho prioritario a una vivienda de protección oficial, así como a pisos tutelados para ellas y para sus hijos y, por primera vez, ayudas económicas para tener su propia vivienda -hasta ahora existía un cupo limitado de pisos en alquiler-.

En el ámbito laboral, el Gobierno andaluz deberá favorecer la contratación de mujeres víctimas del maltrato y apoyar sus iniciativas empresariales, previo acuerdo con las organizaciones sindicales y empresariales. "Hasta ahora la experiencia ha demostrado que muchas de estas mujeres que realizan prácticas en empresas acaban siendo contratadas", aseguró la consejera.

Además, la Junta tomará medidas para lograr que en la negociación colectiva se incluyan disposiciones orientadas a que las mujeres mantengan su empleo cuando se vean obligadas a dejarlo temporalmente por su situación personal. En el caso específico de la Administración autonómica, se garantiza el derecho a la reducción o flexibilización de la jornada, así como a la movilidad geográfica y la excedencia.