El Parlamento aprueba retirar las competencias de Marbella con el único rechazo del PP

El pleno del Parlamento de Andalucía aprobó ayer, con el voto en contra del PP, retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella, el penúltimo paso antes de que el Gobierno andaluz, dentro de una semana, lo ratifique definitivamente. El PSOE rechazó las propuestas que IU y PA presentaron en comisión para que Obras Públicas devuelva las competencias una vez que se constituya la nueva corporación tras las elecciones de 2007, una posibilidad que los socialistas sólo contemplan una vez que se apruebe definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La negativa del PP a apoyar el rescate de las competencias se debe a que este partido cree que las circunstancias políticas han cambiado en Marbella tras la disolución del Ayuntamiento. Aseguran que los "desalmados que cometieron barbaridades" están en la cárcel, por lo que la gestora que gobierna ahora la ciudad no debe convertirse "en un cero en la izquierda", afirmó el portavoz popular, Jorge Ramos Aznar.

Por primera vez, el pleno del Parlamento dio su apoyo preceptivo a que la Junta de Andalucía retire las competencias urbanísticas a un ayuntamiento, tal como prevé el artículo 31.4 de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Tan sólo se opuso el PP.

Los socialistas no apoyaron las propuestas de resolución que IU y PA mantuvieron al dictamen aprobado en comisión para que las competencias urbanísticas fueran devueltas una vez constituida la nueva corporación municipal. Para el PSOE antes de que este hecho se produzca es necesario que se apruebe definitivamente el nuevo PGOU de Marbella. El compromiso que hizo ayer el portavoz socialista, Luciano Alonso, es que el Gobierno andaluz tendrá listo el planeamiento de esta ciudad hasta un máximo de tres meses después de que la nueva corporación municipal tome posesión. Esta oferta quedará comprometida a través de una proposición no de ley del grupo socialista.

PSOE y Partido Popular aprovecharon el debate -que siguió desde su escaño el consejero de Turismo y previsible candidato del PSOE marbellí- para lanzarse reproches por sus respectivas actuaciones en Marbella, ciudad que han convertido en una prioridad electoral, al mismo nivel de las capitales andaluzas. "Ustedes han permitido los desmanes y ahora emprenden una huida hacia delante para tapar lo que han permitido en los últimos 15 años", aseguró Ramos Aznar. "Lo de hoy es un atraco y un insulto a Marbella", remachó, ante el aplauso de los suyos.

El socialista Luciano Alonso devolvió el golpe dialéctico recordando la actitud de brazos caídos del PP ante las barrabasadas urbanísticas de los sucesivos gobiernos de GIL. "Nunca podré entender cómo es posible que no hayan hecho ni una sola denuncia de los gobiernos de Gil; cómo no veían las grúas, ni cómo se ocupan las zonas verdes, ni cómo votaban a favor del plan de ordenación de 1998". Alonso aseguró que, por el contrario, la Junta de Andalucía interpuso más de 300 denuncias en los tribunales y acabó su intervención con un recordatorio muy celebrado desde los bancos socialistas: el de que una treintena de políticos del GIL tiene ahora carné del PP.

El portavoz de IU, Antonio Romero, defendió la devolución de las competencias al Ayuntamiento una vez que los ciudadanos de Marbella elijan a un nuevo equipo de gobierno, pero puso tierra de por medio con la posición del PP: "Es una vergüenza decir que no hay justificación para retirar las competencias".

El andalucista Ildefonso Dell'Olmo sostuvo que una vez que los marbellíes voten a sus representantes "no tiene sentido mantener la intervención". También culpó a la Junta de Andalucía de haber permitido a lo largo de los años "dejar que el monstruo creciera" cuando, en su opinión, tenía medios legales a su alcance para impedirlo.

La consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez del Castillo, resumió con varios brochazos el expediente de más de 3.000 folios entregado por el Gobierno andaluz al Parlamento para tomar la decisión de rescatar las competencias urbanísticas. Desde que Gil y sus sucesores se adueñaron de Marbella por mandato electoral de los ciudadanos en 1991 las decisiones municipales han hecho desaparecer "la función pública del urbanismo", se "ha primado el interés particular sobre el general" y se ha "conculcado" la Constitución al construir en terrenos de especial protección, levantar casas donde estaban previstos colegios y se han dejado de construir equipamientos sanitarios.

Gutiérrez del Castillo aseguró que una vez que Obras Públicas tenga "temporalmente" las competencias de planeamiento, "el objetivo fundamental" será el de elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. La consejera aseguró que en su elaboración se tendrá en cuenta la incorporación de "los desarrollos urbanísticos" que la ley permita, es decir, "los que no son nulos de pleno derecho", garantizar la planificación de equipamientos e infraestructuras de carácter supramunicipal y recuperar los espacios públicos "usurpados" a los ciudadanos. "Nuestro objetivo es que a Marbella se le restituya su normalidad urbanística cuanto antes".