La Corte Penal Internacional como red de justicia

Iban seis niños al colegio por un camino en la región de Ituri (República Democrática del Congo). De repente, un jeep lleno de milicianos los adelantó y se detuvo impidiendo su avance. Blandiendo AK-47, los soldados ordenaron a los niños aterrorizados que se subieran al jeep. Los transportaron a campamentos de instrucción militar donde los obligaron a aprender a disparar con ametralladora. A las tres semanas, los niños mataban y caían muertos por los campos.

Presuntamente, Thomas Lubanga, jefe de una de las milicias más peligrosas del Congo, planificó delitos como el que se acaba de describir. En marzo, los magistrados de la Corte Penal Internacional emitieron una orden de detención por la que se acusaba a Lubanga de reclutar por la fuerza a menores de 15 años para que se batieran en los enfrentamientos. A los pocos días, se transfirió a Lubanga, en una aeronave militar francesa, del Congo a una cárcel en La Haya.

El traslado de Lubanga enciende la esperanza de contar con una corte penal internacional permanente fundada en una cooperación de ámbito mundial. Los juicios de Núremberg y, posteriormente, los tribunales especiales para la ex Yugoslavia y Ruanda abrieron el camino poniendo a prueba la viabilidad de un sistema de justicia penal ajeno a los aparatos estatales, pero estos precursores de la Corte tenían limitada su jurisdicción a territorios bien delimitados. La tarea que tiene ante sí la Corte es funcionar en el marco de un sistema mundial de justicia penal ajeno a los Estados nacionales.

El Estatuto de Roma por el que se establece la Corte Penal Internacional incorporó una innovación notable: una red internacional de justicia. El tratado ha conformado una red de 100 Estados, organizaciones internacionales, ONG y otros asociados decididos a poner término a la impunidad de los responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Incumbe principalmente a los Estados la responsabilidad de prevenir y castigar los actos atroces perpetrados en su propio territorio y de cooperar con la Corte cuando ésta decida admitir un caso a examen. La Corte Penal Internacional deberá intervenir con carácter excepcional; sólo actuará en ausencia de actuación genuina de los Estados.

Sustentada en una red de cooperación en constante evolución, la Corte Penal Internacional investiga actualmente tres situaciones de ámbito mundial de extrema gravedad imbuidas en violentos conflictos en el marco de los cuales se han perpetrado miles de asesinatos y violaciones y se han visto desplazados millones de civiles. El caso del Congo constituye un primer indicio del potencial que encierra el sistema creado en Roma, mientras que los otros dos casos que tenemos abiertos, el de Uganda y el de Darfur, plantean problemáticas nuevas.

El Congo remitió a la Corte su propio caso, con lo cual puso de manifiesto su voluntad de cooperar con la Corte Penal Internacional. El traslado de Thomas Lubanga fue consecuencia directa de la coordinación entre la Corte, el Gobierno del Congo, las organizaciones internacionales y los Estados miembros de la Corte.

Siguiendo el ejemplo del Congo, el Gobierno de Uganda pidió a la Corte Penal Internacional que interviniera. Con la cooperación de la población y del Gobierno, nuestro equipo investigó miles de crímenes en el breve plazo de nueve meses.

Tenemos previsto que las pruebas reunidas confirmen que Joseph Kony y cuatro mandos superiores de la milicia denominada Ejército de Resistencia del Señor perpetraron ataques espantosos contra civiles de Uganda septentrional. Hace veinte años que el Ejército de Resistencia del Señor se perpetúa secuestrando a menores en hogares y escuelas, forzándolos a matar y sometiendo a las niñas a la esclavitud sexual.

Ya han surtido efecto las órdenes de detención emitidas en julio de 2005 por magistrados de la Corte Penal Internacional contra los dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor. El Sudán, Estado no parte que amparaba antes al Ejército, ha accedido voluntariamente a dar curso a las órdenes de detención. Como consecuencia de la mayor presión internacional y regional que se ejerce sobre el Ejército, sus mandos se han visto obligados a abandonar el refugio. De ese modo, ha disminuido espectacularmente el número de ataques perpetrados en Uganda septentrional.

Sin embargo, el Ejército de Resistencia del Señor opera actualmente en el Congo septentrional, donde pone en peligro a la población local. Recientemente, Kony trató de negociar un acuerdo político. Con anterioridad ya había recurrido a la negociación para ganar tiempo y reagruparse. Para hacer justicia y devolver la seguridad a la región, la red de justicia debe detener a los mandos del Ejército de Resistencia del Señor.

Iniciamos nuestra tercera investigación, la de Darfur, como consecuencia directa del decidido apoyo de expertos internacionales, ONG y Estados. Después de que la Comisión de Investigación independiente presentó a las Naciones Unidas su informe, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución por la que remitía la situación de Darfur a la Corte Penal Internacional.

Investigamos el caso de Darfur sin desplazarnos al lugar. Como actualmente es imposible proteger a los testigos, nuestros investigadores reúnen declaraciones en prácticamente una docena de países. La velocidad de la investigación vendrá dictada por el grado de cooperación: cuanto más material acopiemos, con mayor rapidez podremos actuar. La justicia vendrá, de la mano del Sudán o de la Corte, pero en todo caso la impunidad desaparecerá de Darfur.

Cada vez se aprecia mejor el impacto del Estatuto de Roma a escala mundial. Los ejércitos nacionales ya empiezan a modificar sus procedimientos. Las fuerzas paramilitares de Colombia han mencionado la existencia de la Corte Penal Internacional como motivo para proceder a la desmovilización. Los fiscales de los Países Bajos que procesaron a un empresario neerlandés por avivar el conflicto de Liberia mencionaron la Corte como inspiración de su decisión. La Interpol ha difundido nuestras órdenes de detención contra Kony y la cúpula del Ejército de Resistencia del Señor. Los Lubanga del mundo entero temen que les espere una suerte parecida; saben que se trata de la primera detención, pero no de la última. Hace tres años, 18 magistrados y yo acudimos desde cinco continentes para sentar en La Haya las bases de una corte en ciernes. Al día de hoy, el sistema creado en Roma ya se ha puesto en marcha.

Luis Moreno-Ocampo es fiscal de la Corte Penal Internacional.