El Gobierno asegura que el PP conocía las irregularidades de la inversión en sellos

El Gobierno del PP estaba al tanto de las supuestas irregularidades de Afinsa y Fórum Filatélico y aun así legisló insuficientemente la actividad de estas sociedades de inversión en sellos, según expuso ayer la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado. También añadió que el Gobierno sólo tiene constancia de "alrededor de 90.000" afectados de la supuesta estafa, en vez de los 350.000 de los que se habla en los informes de gestión de las empresas. La cifra corresponde a las personas que se han dirigido a alguna asociación de defensa de los consumidores.

La ministra compareció en la Comisión de Sanidad del Senado, donde reiteró la necesidad de reformar la débil normativa actual sobre este tipo de sociedades a través de una nueva ley, y destacó la "unanimidad" al respecto entre grupos políticos y administraciones.

El portavoz popular, José Seguí, insistió a la ministra en que el Gobierno socialista incumplió la obligación de desarrollar reglamentariamente la ley de inversiones colectivas. Aquella sólo aclara la obligación de estas empresas de hacer auditorías anuales y presentarlas ante las "autoridades de consumo", una competencia transferida a las comunidades autónomas. "El anterior Gobierno les advirtió" de la necesidad de esta regulación, dijo Seguí.

"No es mi intención hacer de ésta una comparecencia de enfrentamiento", afirmó Salgado. Pero en la respuesta que llevaba preparada relató uno por uno todos los indicios de irregularidad, entre 2001 y 2003, que conocieron los Gobiernos del PP antes de regular insuficientemente al respecto. Entre ellos, una comunicación del Ministerio de Sanidad y Consumo para el Ministerio de Economía, el 29 de abril de 2003, en la que ponía de manifiesto su disconformidad con la regulación, porque las comunidades autónomas no tenían medios para cumplir la función de control sobre estas empresas. Economía, añadió Salgado, tenía noticia de alguna denuncia concreta y de que se había inspeccionado a estas empresas. Salgado consideró "muy lógico", sin embargo, que el PP no diera a conocer estas sospechas, porque así se evitó que los responsables se llevaran el dinero.

A pesar de este enfrentamiento, la ministra quería centrar su intervención en que la nueva ley irá encaminada a obligar a estas empresas a contratar un seguro (que ahora es voluntario) y a la creación de un registro de las mismas. Además, anunció que el Gobierno concederá "anticipos a cuenta de los reembolsos" que en su día determine la justicia.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo planea dar un complemento a aquellos pensionistas que, con pensiones inferiores a las mínimas, contaban con sus ahorros en Afinsa y Fórum para completarlas. Sobre el número de empleados afectados por la intervención judicial, Salgado reveló que entre las dos empresas tenían 873 afiliados a la Seguridad Social. El resto, hasta 5.000, tenían contratos mercantiles.