Medio Ambiente cede ante los funcionarios para calmar la campaña de verano del Infoca

La Consejería de Medio Ambiente espera zanjar esta semana el malestar surgido entre los empleados públicos que trabajan para el Plan Infoca en verano, a propósito de la orden que debía regular el servicio de extinción de incendios. La intención de la Junta de depositar en manos de personal de la empresa pública Egmasa la dirección de la extinción a pie de tajo, que hasta ahora dependía de funcionarios, suscitó un gran rechazo entre los sindicatos. La nueva propuesta reguladora mantendrá esta responsabilidad como hasta ahora, aunque incorporará la opción de nombrar a un trabajador cualificado de Egmasa si no se puede cubrir el puesto con un funcionario.

La reforma parcial ideada por Medio Ambiente desencadenó, asimismo, una crisis con Los Verdes, que cuentan con dos altos cargos en la consejería.

Cada 1 de junio se tensa el Plan Infoca y así permanece hasta el 15 de octubre, cuando se suaviza el alto riesgo de incendios forestales del verano. Pero esta temporada, el dispositivo ha arrancado con un estrés adicional causado por los planes de la Consejería de Medio Ambiente de modificar el reparto de responsabilidades en el lugar del fuego y que, según los sindicatos, se ha planteado en un momento inoportuno, en vísperas del inicio de la fase de más peligro. Un portavoz de Medio Ambiente admitió la inconveniencia de estar debatiendo sobre aspectos organizativos "en fechas en las que no deberíamos estar hablando de nada más que del dispositivo".

La razón, explicó, estriba en la reciente aprobación de la Ley Estatal de Montes, el marco en el que se ampara la creación de la figura del técnico asesor de extinción, que ha suscitado el malestar. "Hemos acusado a la Junta de precipitación, deberíamos desarrollar esta campaña igual que las anteriores y darnos un margen para negociar", manifestó la coordinadora del sector autonómico de CC OO, Miriam Pinillo.

El Plan Infoca es un complejo dispositivo que se ha ido agrandando y perfeccionando desde 1993, cuando se revisó el sistema anterior por su ineficacia (se observó una baja preparación del personal, pocos medios y descoordinación que se traducían en alto número de siniestros). En él trabajan alrededor de 4.700 personas, que son aportadas de forma mayoritaria por la empresa pública Egmasa para prevenir, vigilar, detectar y extinguir los fuegos.

Refuerzos

En la cúspide de esta estructura, sin embargo, ha permanecido personal de la propia Consejería de Medio Ambiente. A los 22 funcionarios que trabajan todo el año en este departamento, se suman cada verano otros 32 (cuatro por provincia) que proceden de otros servicios. "El problema que hemos constatado en anteriores campañas es que teníamos enormes dificultades para encontrar a estos refuerzos", plantean fuentes de la consejería. "A veces hemos tenido que desplazar de unas provincias a otras, el trabajo ordinario de estos funcionarios se resiente y no todo el mundo está dispuesto a renunciar a sus vacaciones, con la orden queríamos reforzar todo eso", agrega.

El borrador de la orden redactada por Medio Ambiente -paralizada tras las protestas- modificaba el reparto de tareas y depositaba en exclusiva la dirección de la extinción de incendios en manos de personal de Egmasa. El cambio también afectaba a los 1.020 agentes de medio ambiente, que dependen de la consejería, y que asumían la dirección en ausencia del técnico.

En la proyectada orden se les encomendaba entre otras razones "auxiliar" a los directores de extinción "en su condición de agentes de la autoridad". "Es el quid de la cuestión, el personal de Egmasa no tiene la autoridad para ordenar que se pueda entrar en una urbanización, antes tendrían que cambiar la ley", plantea Marcelino Trujillo, de CC OO. "Es como poner al mando de la policía a un detective privado", compara José Antonio Ayala, de UGT, que asegura que "el colectivo se siente humillado".

Pero tampoco es unánime el parecer sindical. El comité de empresa del Infoca que defiende a los trabajadores de Egmasa aplaudió la iniciativa. "Como mínimo, tienen 10 años de experiencia y conocen a nuestra gente, así que estamos de acuerdo con que el director de extinción pueda ser de Egmasa", señala Juan Carlos Rueda, presidente del comité de empresa y de UGT.

Las protestas de los funcionarios han frenado los planes de la consejería, que prefiere apaciguar los ánimos justo ahora que acaba de comenzar la campaña. Esta semana los sindicatos recibirán la nueva propuesta, que garantiza que se contará con los funcionarios cualificados como directores de extinción de forma prioritaria y se recurriría al personal de Egmasa "en caso de que no haya funcionarios", exponen fuentes de Medio Ambiente. El personal de Egmasa tampoco recibirá la condición de agente de la autoridad.