Ruptura intempestiva

AUNQUE EL PLENO del Congreso del martes estaba reservado, en principio, a la tranquila votación de las resoluciones de los grupos parlamentarios que cerraban el debate sobre el estado de la nación, las conversaciones del Gobierno con ETA y Batasuna a la busca de un final dialogado de la violencia alteraron la paz del hemiciclo a través de una dura confrontación entre Rajoy y el presidente Zapatero. El líder del PP declaró rotas las relaciones con el Gobierno, retirándole el cauteloso apoyo prestado por su partido para explorar las posibilidades abiertas desde el 22 de marzo por el alto el fuego permanente de la banda terrorista. La gota que supuestamente desbordó el vaso del malestar del grupo popular fue el anuncio del secretario general de los socialistas vascos (avalado por el presidente Zapatero) sobre la disposición de su partido a reunirse con representantes de la izquierda abertzale tras el primer contacto oficial entre el Gobierno y ETA, aunque Batasuna -disuelta en marzo de 2003 por una sentencia del Supremo- no solicite previamente recuperar la legalidad. Sólo una rectificación de semejante "ignominia" devolvería las aguas al cauce por donde discurre el consenso del PP; ni siquiera la eventual legalización de Batasuna -deseada por los socialistas y vista con displicencia por los propios interesados- sería suficiente: Rajoy exige la previa entrega de las armas y la disolución de ETA.

Rajoy aduce como razón para retirar el apoyo de su partido a la política antiterrorista del Gobierno el anuncio de que los socialistas vascos se disponen a reunirse con la ilegalizada Batasuna

Los dirigentes del PP suelen cambiar caprichosamente sus criterios para bendecir o condenar el comportamiento propio y ajeno según ocupen el poder o estén en la oposición. Después de la tregua declarada por ETA en septiembre de 1998, tres comisionados del presidente Aznar se entrevistaron en Burgos con una delegación de Batasuna (aunque todavía no ilegalizada, los miembros de su Mesa Nacional estaban encarcelados y fueron condenados por el Supremo) antes de viajar a Suiza para negociar con la banda terrorista: las semejanzas entre ese precedente y su actual secuela son evidentes. El PP es también muy voluble en materia de argumentos y opiniones. Así, las razones de Rajoy para justificar su ruptura con el Gobierno son los principios básicos de la resolución del Congreso del 17 de mayo de 2005 : "A ETA sólo le queda un destino: disolverse y deponer las armas"; "la violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje de la violencia". Sin embargo, el líder del PP rechazó entonces esa moción y acusó a Zapatero de traicionar a los muertos por presentarla en su día.

La osadía impávida de los dirigentes populares para negar el pasado y mudar de ideas va acompañada de idéntico descaro a la hora de invertir en su provecho los usos parlamentarios y la práctica política. ¿Quién no recuerda el represivo tratamiento dado a la oposición por Aznar cuando gobernaba? Sin duda, el PP tiene el derecho y la obligación de controlar la acción del Gobierno: ETA ha engañado demasiadas veces a sus interlocutores, y Batasuna chantajea, intimida y miente con gran desenvoltura. Pero la vigilancia democrática de la oposición para prevenir o corregir los eventuales incumplimientos o errores de la lucha contra el terrorismo está regulada por el Pacto de las Libertades: corresponde al Gobierno la dirección política de ese combate y los partidos firmantes se comprometieron a excluir el terrorismo de la competición electoral.

Es evidente que el legítimo derecho de la oposición a ejercer el control de la política antiterrorista -un emparejamiento dialéctico no sólo de crítica y colaboración, sino también de publicidad y discreción- se halla en las antípodas de la salvaje variante aplicada bajo el mismo rótulo por la plana mayor del PP, cuyo secretario general acaba de afirmar nada menos que "el proyecto de Zapatero es el proyecto de ETA". La escalada de acusaciones disparatadas y virulentas contra el Gobierno, la siembra de sospechas paranoicas sobre unas inverosímiles connivencias de los socialistas con los terroristas y el encanallado lenguaje empleado para injuriar al presidente Zapatero cuadran más bien con las estrategias del cuanto peor, mejor propias de las formaciones antisistema contrarias al régimen democrático.