La plataforma contra los abusos urbanísticos avalará a grupos de independientes y no a partidos

La asociación Abusos Urbanísticos No (AUN) anunció ayer que "apoyará" de cara a los comicios municipales de 2007 la creación de agrupaciones electorales independientes que se involucren en la defensa de un urbanismo racional y ordenado frente a los partidos. Esta plataforma ha solicitado ya por carta una entrevista con el nuevo consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, para pedirle que solucione los problemas creados por la derogada LRAU y corrija los aspectos más polémicos de la recién aprobada Ley Urbanística Valenciana (LUV).

La asociación pide que se detalle qué es un proyecto de interés social y utilidad pública

Enrique Climent, vicepresidente de la asociación Abusos Urbanísticos No, denunció ayer que gran parte del suelo "está en manos de un número muy reducido de familias empresariales" y que tanto la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) como la LUV "les beneficia". "Hay algo que no está funcionando como toca y que afecta a todos los ciudadanos", subrayó Climent.

La asociación, a la vista del "caos urbanístico", brindará su apoyo a las agrupaciones electorales independientes que se involucren en defensa de un modelo de crecimiento respetuoso con el derecho a la propiedad, al medio ambiente, al paisaje y a la calidad de vida. "AUN intentará ayudar a todos los individuos o grupos que estén dispuestos a organizarse como alternativa municipal en defensa de sus derechos y tratará de prestar un soporte logístico adecuado", especificó el vicepresidente. Según Climent, existen iniciativas de este tipo en las tres provincias, si bien no supo cuantificarlas.

La asociación, de cara a los comicios municipales de 2007, pide a los ayuntamientos que "ante cualquier desarrollo urbanístico, se realice una consulta previa a los vecinos, se respeten las viviendas consolidadas por la edificación -la ley establece ahora que si en cuatro años no se recibe ninguna reclamación administrativa, la vivienda irregular pasa a consolidarse- y se promocione la construcción de viviendas de protección oficial sobre suelo público municipal". También reclaman que se establezca una moratoria urbanística hasta que los ayuntamientos tramiten y aprueben sus respectivos planes generales de ordenación urbana.

La asociación exige además que se defina con claridad de una vez qué es un proyecto de interés social o de utilidad pública, "ya que muchos alcaldes se refugian en esta figura para sacar adelante proyectos en contra de la opinión de sus habitantes", argumentó Climent. También insistió en que se dé preferencia al planeamiento municipal frente al que disponga el agente urbanizador. "No puede ser que un alcalde diga que tal o cual proyecto sea de interés público y que ya nadie lo pueda tumbar", agregó.

La plataforma, que elevó hace más de un año al Parlamento Europeo las quejas de los particulares afectados por la aplicación "abusiva" de la LRAU, ha solicitado ya por carta una entrevista con el nuevo consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, para trasladarle sus peticiones. "AUN opina que el nuevo consejero es una oportunidad más, quizás la última, para escuchar lo que los ciudadanos están diciendo alto y claro", declaró Climent. La asociación se ha reunido a lo largo de esta legislatura con los dos consejeros de Territorio anteriores -José Ramón García Antón, primero, y más tarde con Rafael Blasco- para trasladarles igualmente sus inquietudes. Según Climent, aunque modificado, la LUV sigue considerando la figura del agente urbanizador, creado en la LRAU, como el gran planificador de suelo.

El vicepresidente aprovechó también las últimas informaciones sobre el encarecimiento del precio del suelo en la Comunidad Valenciana, proceso que están denunciando ahora los promotores urbanísticos, para insistir en que ese "es el balance" de 11 años de LRAU en vigor. El dirigente aseguró que un 60% de los solares producidos en este tiempo en la Comunidad están o han estado en manos de los urbanizadores de esos PAI.

El presidente de AUN, Charles Svoboda, recordó que el expediente abierto por la Comisión Europea a España por la no adecuación -en algunos aspectos- de la nueva LUV a las directivas comunitarias, sigue su curso y la Generalitat "tiene de plazo hasta septiembre" para corregir algunos de sus aspectos más polémicos.

A raíz de las denuncias canalizadas a través de AUN el Parlamento Europeo votó hace unos meses un informe -el informe Fourtou-, donde se emitía una condena de la proliferación de proyectos urbanísticos -Planes de Actuación Integrada- que reclasificaban suelo rústico al margen de los planeamientos municipales aprobados.