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El proceso para el fin de ETA

De la unanimidad en el apoyo al Gobierno al enfrentamiento total

Los debates tras la tregua de 1998 demuestran el consenso reinante en torno a un Ejecutivo que prometió "generosidad" con ETA

El diario de sesiones del Congreso es la prueba más evidente de los cambios de posición de los partidos. También con respecto a las treguas de ETA. El 7 de octubre de 1998, tres semanas después de que la banda anunciara el anterior alto el fuego, y a pesar de la negativa del PP a llevar el asunto al Congreso, Izquierda Unida forzó el debate de una interpelación urgente sobre la política penitenciaria. Sólo unos días antes, José María Aznar había hablado en La Moncloa para "agradecer a todas las fuerzas políticas su disposición al diálogo", después de que todos los partidos mostraran su apoyo al Ejecutivo en los pasos a dar para lograr que la tregua fuera definitiva. El presidente también había anunciado "una nueva orientación de la política penitenciaria consensuada, flexible y dinámica que acompañe los avances que se vayan produciendo en el aseguramiento de la paz".

Rosa Aguilar, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso (hoy alcaldesa de Córdoba), abrió el debate: "Valoramos lo que significa para el presidente del Gobierno pasar del escepticismo de la tregua trampa a plantear el cambio de la política penitenciaria".

Le respondió el portavoz del Ejecutivo y ministro de Industria, Josep Piqué. Sus palabras se parecen mucho a las de José Luis Rodríguez Zapatero en las últimas semanas. El PP entonces sí hablaba de "proceso de paz", término del que hoy abomina. "Hay una gran coincidencia de fondo respecto a dar cumplimiento efectivo a la gran ansia de paz que tiene nuestro pueblo", explicó Piqué. "Estamos hablando de un camino largo, difícil", "estamos ante una oportunidad histórica", "Nada me alegraría más que esto pudiera ser el punto de partida para iniciar un auténtico proceso de paz", fueron otras de sus expresiones.

Piqué también utilizó un término repetido por Zapatero: generosidad. "Claro que estamos dispuestos a utilizar la generosidad, es imprescindible que actuemos con altura de miras, pero con unos límites: que sea algo que acompañe al proceso de paz". Juan Alberto Belloch, portavoz del PSOE, señaló: "Hemos garantizado al Gobierno nuestra lealtad para que el orden constitucional se preserve". Curiosamente, fue Belloch quien dijo: "No me gusta la palabra paz, porque aquí no hay guerra". Pero Ignacio Gil Lázaro, del PP, corrigió: "Todos vamos a contribuir, con responsabilidad y generosidad, a ese proceso de paz".

El ambiente político de consenso que se instaló esos días en el Parlamento permitió que pocas semanas después, el 10 de noviembre, se aprobara por unanimidad y sin debate la resolución de IU sobre la necesidad de esa nueva orientación de política penitenciaria. El Ejecutivo trasladó hasta 143 presos de cárcel, y Aznar autorizó el 19 de diciembre un diálogo con todos los partidos, incluida Batasuna, entonces EH.

Siete meses después, el 26 de mayo, Piqué defendía de nuevo el acercamiento de presos, aunque con cautelas, e iba más allá: "Están en estudio otras medidas, como la regularización de la situación de personas que abandonaron España por su pasada vinculación con ETA. Más de 300". María Teresa Fernández de la Vega no tenía dudas: "Por parte del Grupo Socialista, tiene nuestra lealtad en la política antiterrorista".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de junio de 2006