Balance final del Estatuto

Cuando se lleva a cabo la lectura pública de una buena tesis en la Universidad, que ha costado su tiempo terminarla, siempre hay un miembro del tribunal que dice: "En primer lugar quiero felicitar al doctorando porque ha terminado la tesis". Después vienen los elogios, las observaciones y las críticas. Con la reforma del Estatuto de 1979 pasa algo parecido y es de esperar que supere con nota el examen de los ciudadanos el próximo día 18 de junio. De momento se puede decir que sobrepasaría la mayoría de los dos tercios en el Parlament de Catalunya. Exactamente 97 diputados y diputadas votarían a favor y 38 en contra, si lo hicieran en consonancia con las posiciones de sus respectivos partidos.

"Es una pena que en un Estatuto tan federal en su concepción y desarrollo no aparezca ni una sola vez esta palabra, cuya inclusión en el preámbulo hubiera aclarado qué tipo de relación quiere Cataluña con España dentro de la Unión Europea"

La extensión de este artículo no da para pormenorizar elogios, observaciones y críticas del texto de la reforma, por lo que solamente destacaré uno de cada tipo. El merecido elogio que se puede hacer del Estatuto de 2006 es la valentía al abordar el desarrollo de la Constitución y la construcción del Estado autonómico en un sentido federal, haciendo compatible la simetría con la asimetría, la multilateralidad con la bilateralidad. A nadie que haya comparado los estatutos de 1979 y de 2006 se le puede escapar el profundo calado de esta reforma en el concepto, la estructura y el contenido del nuevo texto. El preámbulo y el título preliminar ya dejan claro que hay una fundamentación del autogobierno que va más allá de lo que se consiguió en 1979, especialmente en lo que se refiere al reconocimiento nacional de Cataluña y a la equiparación de las lenguas oficiales, siendo el catalán la lengua de uso normal y preferente de las administraciones públicas y, también, la lengua normalmente vehicular y de aprendizaje en la enseñanza. No es menor la importancia de la inclusión por primera vez en un Estatuto de un título de derechos, deberes y principios rectores, al entender que el autogobierno no es un fin (nacional) en sí mismo, sino un medio o instrumento al servicio de la ciudadanía para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Los títulos de competencias (IV), relaciones institucionales de la Generalitat (V) y de financiación (VI) confirman nuevamente esta lectura federal de la Constitución y de la concepción dualista del Estado compuesto, basado en el doble principio de autogobierno más gobierno compartido. Es una pena que en un Estatuto tan federal en su concepción y desarrollo no aparezca ni una sola vez esta palabra, cuya inclusión en el preámbulo hubiera aclarado qué tipo de relación quiere Cataluña con España dentro de la Unión Europea.

Es preciso también hacer una importante observación sobre el texto estatutario que sirve de réplica a muchas de las críticas que se han formulado. El Estatuto equivale políticamente a una constitución o ley de leyes de Cataluña. Es la ley básica institucional del autogobierno en los límites de la Constitución de 1978 y, por tanto, debe ser una ley abierta y de consenso que permita distintos desarrollos políticos según los gobiernos que obtengan la confianza de la ciudadanía en las elecciones autonómicas. Se hacen interpretaciones desde sectores ultracatólicos y conservadores del título primero que no se corresponden con la realidad; también se confunde interesada y falsamente un infundado intervencionismo con la distribución de competencias entre las instituciones centrales del Estado y las de la Generalitat. El Estatuto de 2006, como la Constitución de 1978, no es intervencionista, sino consecuente con lo que es propio de un Estado social y democrático de derecho. La vocación de toda ley fundamental en democracia es poner de acuerdo al mayor número posible y no la imposición de los unos sobre los otros. Un buen Estatuto es aquel que deja notablemente satisfechos a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Además, se necesitarán dos legislaturas para ver y evaluar el impacto político del Estatuto y de su desarrollo legislativo.

La crítica al Estatuto de 2006 se refiere al tortuoso proceso que se ha seguido. Ha sido una lástima que el ultranacionalismo autoritario del Partido Popular no haya tenido la respuesta contundente de la unidad del catalanismo. Ya habrá tiempo, después del 18 de junio, para enjuiciar y debatir las estrategias de los partidos catalanistas en el proceso de elaboración del Estatuto. No obstante, ya se puede afirmar que la división fue artificiosamente superada el pasado 30 de septiembre en el Parlamento catalán, cuando casi el 90% de los diputados aprobaron la reforma. Aquella división reapareció al día siguiente con las enmiendas del PSC y la mutua competencia y desconfianza entre ERC y CiU. Finalmente, se manifestó con toda claridad ante la fase decisiva en el Congreso de Diputados, al dar todas las cartas al PSOE permitiéndole una negociación a cuatro bandas con los partidos catalanes.

¿Qué habría sucedido si los partidos catalanistas hubieran sido más leales entre sí? Siempre quedará la duda de si se pudieron cerrar más positivamente acuerdos que han quedado demasiado abiertos en cuestiones relevantes en materia de financiación y de competencias, o bien algunos artículos o apartados, que han quedado fuera del texto final y estaban en la propuesta de reforma del 30 de septiembre. En cualquier caso, no se podrá decir que se ha hecho (unitariamente) todo lo posible. Un efecto evidente de esta desunión son las actitudes huidizas de algunas instituciones o personalidades conocidas, que no quieren mojarse o que se manifiestan con la boca pequeña. El caso más clamoroso es el de Òmnium Cultural. Es incomprensible su neutralidad en una cuestión que tanto le afecta y con un referéndum interno de por medio en el que ganó el sí.

El Estatuto de 2006 pasará con creces el examen del 18 de junio. Pero no merecía este escenario final de división y de fatiga, sino otro de satisfacción por lo conseguido.

Miquel Caminal es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona.