Una carrera de obstáculos

La campaña del 18-J no tiene un momento de sosiego, al menos para Pasqual Maragall, a quien los problemas le llegan de dos en dos. Ayer, mientras estaba con cuatro de sus consejeros del área social hablando de las mejoras que comportará el nuevo Estatuto, se hizo público el veredicto del Tribunal Supremo sobre el acuerdo de la Junta Electoral Central: la Generalitat no podrá fomentar la participación en el referéndum del próximo 18 de junio y ni siquiera podrá hablar de sus contenidos.

Es un revés, aunque las encuestas que se han publicado estos días indican que parece que se incrementa la intención de ir a votar. La del Instituto Opina para la cadena SER, hecha a 1.000 ciudadanos de Cataluña, asegura que el 69% de los encuestados irá a votar "con toda seguridad y el 13% "probablemente". En el referéndum de 1979, la participación fue del 59,49%. De acuerdo con los datos de Opina, el 51% de los catalanes votará sí al Estatuto, el 16% rechazará la reforma y, atención, el 23% aún no tiene decidido el sentido de su voto. El Estatuto de Sau fue aprobado por el 87,96% de los votantes.

Nadal dice que pedirá traspaso de competencias cuando entre en vigor el Estatuto y antes de que se disuelva el Parlament

CiU presentará una moción para que el Parlament inste a Maragall a disolver la Cámara antes del 1 de septiembre

El Tribunal Supremo rechaza que la Generalitat pueda fomentar el voto y le prohíbe incluso explicar el Estatuto

La encuesta fue realizada el 30 de mayo, dos días antes de que empezara la campaña. Los sondeos aportan datos estimativos y es difícil saber qué pasará exactamente el 18 de junio. Sí se percibe una cierta necesidad de acudir a las urnas, sobre todo por la actitud de permanente descalificación del PP, pero también es cierto que las crisis del tripartito, su ruptura, las elecciones anticipadas, la campaña en clave electoral, son algunas cosas que tienen confusos a los ciudadanos.

Ayer se supo que Convergència i Unió (CiU) ha presentado una moción para que el Parlament inste a Maragall a disolver la Cámara antes del inicio de sesiones el 1 de septiembre y a convocar elecciones, lo que es competencia exclusiva del presidente de la Generalitat. Todos los partidos, excepto el Partit dels Socialistes (PSC), ya han pedido verbalmente que las elecciones se celebren en octubre, CiU quiere ahora que se haga oficialmente.

Pasqual Maragall se ha comprometido a convocarlas antes de finales de año.

La moción de los nacionalistas va más lejos y pretende que el Parlament ejerza un control total sobre la gestión del Gobierno, desde la venta de la participación de la Generalitat en Al-pi hasta la licitación de las grandes infraestructuras, las líneas estratégicas de actuación para la Feria de Francfort del próximo año, en la que la cultura catalana será la invitada, y también la selección de personal.

El portavoz del Ejecutivo, Joaquim Nadal, dijo ayer: "Gobierno es gobierno y fiel a sus compromisos hasta el mismo momento de celebración de las elecciones". Y para dejarlo bien claro, explicó que la Generalitat formulará las primeras peticiones de transferencias cuando entre en vigor el Estatuto, antes de que se disuelva el Parlamento y se convoquen elecciones.

El presidente de CiU, Artur Mas, sale prácticamente a promesa electoral por mitin, lo cual molesta extraordinariamente al PSC e Iniciativa Verds (ICV), que opinan que ahora hay que hablar del Estatuto.

Ayer le tocó el turno a los inmigrantes: se les ayudará si se comprometen a integrarse. Josep Piqué dijo que "no descarta" apoyar la moción de CiU. El PP de Cataluña también lleva su cruz: voces internas de discrepancia con su política agresiva contra el Estatuto y sobre el proceso de paz en el País Vasco.